En su comparecencia en la comisión de investigación que investiga la municipalización de Bicimad, dentro de la parte dedicada a los inicios del servicio cuando gobernaba Botella, Porta contradijo así la anterior de quien fue delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, quien dijo que los técnicos no le avisaron de ninguna falta de solvencia de la empresa adjudicataria, Bonopark, y avalaron el contrato, con su presupuesto incluido.

Según la exconcejal socialista, los técnicos se ven supeditados al pliego de condiciones que les presenta cada Gobierno municipal, y el de Bicimad ya fijaba los 27 millones y una laxitud de exigencias de calidad.

A preguntas del portavoz de Ciudadanos, Sergio Brabezo, Porta dijo que en el contrato de adjudicación a Bicimad “hubo irregularidades”, porque, aunque fuera legal, tenía que haber hecho más exigencias para tener más garantías de la solvencia, como en el resto de los contratos integrales. “Todos los términos de los contratos eran muy laxos para la empresa y muy duros para el Ayuntamiento”, denunció.

A diferencia de lo que declaró justo antes que ella el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad con Botella, Diego Sanjuanbenito, Porta señaló que el contrato era temerario por su bajo precio, que los pliegos “estaban mal hechos” y que eso lo sabían todos los técnicos, y que era evidente la “incapacidad” de Bonopark para gestionar el servicio. Además, Porta calificó de “fundamental” que se mantenga el servicio de bicicletas con la municipalización sin querer entrar en valoraciones por el precio de 10,5 millones, al no conocer los detalles técnicos.

A su sucesora en el Grupo Socialista, Mercedes González, le contestó que los contratos integrales de Botella fueron “una aberración”, porque “lo barato a veces sale muy caro”, los recortes afectaron a los servicios públicos y porque se firmaron a ocho años en grandes integraciones que sólo hacían posible la concurrencia de grandes empresas sin forma real de medir los resultados concretos.

Sobre el contrato de Bicimad, las vallas y el SER, opina que obedeció a la inercia de los contratos integrales, que fue muy laxo en las exigencias de solvencia y muy permisivo con los incumplimientos de la empresa; denunció que Sanjuanbenito no le proporcionó nunca expedientes cuando se los pedía, y, sobre la ampliación en 2015, dijo que no le parece muy ético hacerla después de la convocatoria de las elecciones. Finalmente, denunció que el Bicimad que dejó el Gobierno del PP fue “un erial”.

"OBSESIÓN" DE BOTELLA

A Esther Gómez, de Ahora Madrid, le dijo que el funcionamiento del servicio fue fatal, atribuyó la ampliación en 2015 a motivos electoralistas, y siguió criticando los contratos integrales y en particular el de Bicimad. “Me parece intolerable que se eche la culpa a los técnicos. Los técnicos aplican el pliego de condiciones que tienen delante”, dijo, atribuyendo todo a una decisión política que negó antes que ella Sanjuanbenito.

Eso sí, reconoció que había “una presión termenda de los presupuestos”, e interpretó que se compensó a Bonopark el escaso montante del contrato con laxas exigencias sobre su cumplimiento. Pesó mucho, según ella, la “obsesión personal” de Botella, que había sido delegada de Medio Ambiente y Movilidad, en dejar como legado un servicio de bicicletas, pero Porta reconoció también que tiene “discrepancias” con el aval que dio al contrato el exinterventor Ángel Calonge.

Desde el PP, Inmaculada Sanz Otero comenzó reprochando a Porta que estuviera escenificando “un ejercicio de nostalgia” haciendo ahora oposición al anterior Gobierno del PP, cuando, según dijo, en su día sólo hizo tres intervenciones sobre Bicimad en comisión o Pleno y ninguna en la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

La exportavoz socialista calificó de “insulto” este reproche, exigió al Partido Popular que asumiera las consecuencias de su “decisión política” de firmar los contratos integrales y justificó que no se quejara más porque “entonces la mafia del PP campaba por sus respetos”. Sanz Otero le pidió que retirara ese término, cosa que accedió a hacer la compareciente.

A preguntas de la edil popular, Porta admitió que con aquelllas restricciones presupuestarias “había que priorizar”, pero insistió, como ante otros portavoces, en que no había motivo para tramitar los contratos integrales como “de gestión de los servicios públicos” para incrementar la duración de los mismos a ocho años. Sanz Otero le atribuyó “dejación de funciones” por no haberlo denunciado”, y la exconcejala socialista insistió en que “el pliego es ley para su ejecución”, por lo que fue decisión política del PP poner requisitos “muy laxos” a Bonopark.

La compareciente no quiso entrar en valoraciones sobre el expediente de municipalización de Bicimad, porque lo desconoce “completamente”, ni responder a qué le parece que Bonopark siga de socio tecnológico del Ayuntamiento.