El decreto, que contó con el respaldo de PP, PSOE, Unidos Podemos y PNV y con la oposición de Ciudadanos, eleva a rango de ley el límite proporcional de una licencia VTC por cada 30 de taxi, recogida hasta ahora en el Reglamento de 2015 de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT). También hace lo propio con otro precepto recogido en ese reglamento: los VTC de una empresa tienen que ser utilizados habitualmente dentro de una comunidad autónoma al menos en un 80%.

Varios partidos, entre ellos Podemos, pidieron sin éxito que el decreto se tramite en el Parlamento como proyecto de ley para incorporar modificaciones en el redactado propuesto por el Ejecutivo.

"CONVIVENCIA EQUILIBRADA"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró en la defensa del decreto que el objetivo de la norma es garantizar “una convivencia equilibrada” entre los servicios del taxi y VTC ante la proliferación en la oferta de esta segunda modalidad, que “está alterando las condiciones del mercado” y “afectando de manera significativa” al sector del taxi.

De la Serna aseguró que el Ejecutivo busca también acabar, mediante la urgencia de un real decreto-ley, con la falta de unidad regulatoria que se está generando en España en este sector ante las distintas normas municipales y autonómicas que se han aprobado sobre las VTC.

Lo más destacado del debate fue la oposición de Ciudadanos al decreto y el respaldo de PSOE y Podemos. Por la formación que lidera Albert Rivera, el diputado Antonio Roldán calificó el decreto de “parche” que “va contra el progreso” y que es fruto de un Gobierno con “un inmovilismo exasperante” que funciona “como una diputación provincial”.

Desde las filas del PSOE, César Joaquín Ramos dijo que su partido apoya la búsqueda de equilibrio en el sector que preconiza el decreto, y aseguró que no ve apropiado tramitar el decreto como proyecto de ley porque entiende que no se va mejorar por esta vía. Los socialistas son partidarios de que el Gobierno convoque a comunidades, ayuntamientos y al sector para pactar previamente unas medidas que después convierta el Parlamento en normas.

Rafael Mayoral, de Unidos Podemos, dijo que su grupo apoya el decreto para evitar el monopolio que quieren imponer los “buitres” de unas empresas “radicadas en paraísos fiscales”, en alusión a compañías como Uber.