El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos en un acto del Partido Popular en Alicante, donde reivindicó la figura de Luis Barcala, que el pasado 19 de abril se convirtió en el nuevo alcalde de la ciudad tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por estar procesado.

Rajoy reconoció que tiene “dudas muy fundadas sobre la constitucionalidad” del decreto de plurilingüismo que establece modelo lingüístico educativo valenciano. Precisamente por ello explicó que se instado a la Comisión Bilateral a que se reúna para poder “dialogar” con la Generalitat Valenciana sobre este extremo antes de recurrir.

El pasado 26 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo. A este respecto, Rajoy remarcó que velará “siempre” por la libertad de los padres a elegir el centro y la lengua vehicular para educar a sus hijos.

“¡Que nadie se llame a engaño, no vamos a aceptar ni imposiciones ni discriminaciones!”, enfatizó Rajoy, para acto seguido incidir en que el castellano y el valenciano son “lenguas cooficiales en la Comunidad Valenciana y, como tales, deben ser protegidas por los poderes públicos sin generar discriminaciones lingüísticas de ninguna clase”.

En este contexto, valoró que “lo último que necesita la Comunidad Valenciana es seguir el ejemplo de división, enfrentamiento e invención de problemas” que se vive en Cataluña como consecuencia del ‘procés’. “Eso es lo que hacen los Gobiernos del cambio, gobernar poco y dividir mucho”, criticó.

A este respecto, se pronunció de manera más contundente la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, al exigir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, porque “impone, autoriza y ratifica la política de inversión lingüística” que prima al valenciano.

Además, pidió directamente ayuda a Rajoy para “acabar con todo este entramado legislativo que vulnera el derecho de los padres a elegir la lengua que quieren para sus hijos” y prometió que cuando el PP gobierne en esta región eliminará el requisito lingüístico para el ingreso en la función pública.