Los notarios promueven la investigación de más de 5.000 operaciones por indicios de blanqueo de capitales

MADRID
SERVIMEDIA

Los notarios españoles han remitido para su investigación más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.

Para que el notariado pudiera colaborar en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal, en 2005 se creó Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son los responsables de remitir esa información al Sepblac, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de España, encargada de recibir, analizar y derivar a las autoridades casos de blanqueo de dinero.

El OCP es la principal estructura del Notariado español para colaborar con las autoridades en combatir la delincuencia económica. Recibe las alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente. El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que lo convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, tras la de la Agencia Tributaria.

En concreto, entre 2005 y 2017, el OCP ha remitido al Sepblac un total de 5.157 operaciones y ha recibido 161.601 solicitudes de información de distintas autoridades. Este organismo comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro. También responde a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales, que persiguen estos delitos.

El director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, destaca que “el sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla”. Además, Galindo añade que “esta labor se realiza siempre con respecto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad”.

(SERVIMEDIA)
03 Mayo 2018
SGR/gja