Con esa nueva norma reglamentaria, derivada de la transposición de una directiva de la Unión Europea del año 2016, se extiende la obligación de accesibilidad a las aplicaciones móviles de todos los órganos constitucionales, administraciones, organismos, entidades y empresas que integran el sector público. Hasta el momento, el deber legal de accesibilidad en España se limitaba a los sitios web públicos, con lo que ahora se amplía a las aplicaciones móviles, canales digitales que han proliferado en los últimos años.

Según la nueva regulación, los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las entidades obligadas “deberán ser accesibles para sus usuarios y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos”.

Además, “la accesibilidad se tendrá presente de forma integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles”.

El Cermi ha participado en la redacción de la futura norma a través de un diálogo intenso, con propuestas y aportaciones, desarrollado con la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que está siendo la instancia promotora de este real decreto.