Así lo refleja el libro ‘Los economistas y la economía digital’, presentado este jueves por el Consejo General de Economistas de España. La obra sitúa a España en el puesto 14 del ranking de 28 países de la UE en desarrollo digital.

Aunque está por debajo de lo que debería por su potencial económico, España se encuentra por encima de la media en tres aspectos: uso de Internet por los ciudadanos, integración de la tecnología digital (digitalización de las empresas y comercio electrónico), y en servicios públicos digitales (Administración electrónica, siendo el aspecto mejor puntuado). No obstante, en otros dos aspectos se encuentra por debajo: en conectividad (banda ancha) y en capital humano (competencias digitales básicas y avanzadas).

No obstante, existen países en Europa más desarrollados económicamente que España que ocupan una posición más baja, como es el caso de Francia (16) e Italia (25).

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, valoró positivamente los esfuerzos que se están haciendo, a su juicio, desde la Secretaría General de Administración Digital para mejorar la tramitación administrativa y destacó algunos casos de éxito en materia de administración electrónica, como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Pich señaló que en España “los servicios públicos digitales se encuentran a un nivel por encima de la media europea”. “El hecho de que algo más del 50% de la población realice trámites 'online' con la Administración evidencia que vamos por el buen camino”, agregó.

No obstante, el presidente del Consejo General de Economistas estima que “aún queda mucho camino por recorrer”. Entre los principales problemas que afectan a España en materia de digitalización, Pich refirió tres: “La necesidad de reforzar las inversiones en I+D+i y mejorar los incentivos fiscales en este ámbito; que el desarrollo digital se realice de forma coordinada y con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas, de forma que se garantice el uso de un mismo sistema, con el consiguiente ahorro de costes y homogeneidad en la gestión, y que la Administración no solo facilite herramientas tecnológicas, sino también el soporte de expertos que ayuden a ciudadanos y empresas a afrontar los continuos cambios en materia de digitalización (sistema de notificaciones, expediente electrónico, Lexnet y firma digital).