La Comisión de Economía y Hacienda aprobó este lunes en sesión extraordinaria, y sólo con los votos de Ahora Madrid y la abstención del resto de grupos, este acuerdo de no disponibilidad, que se une al que aprobó en marzo de 43,8 millones por un exceso sobre el tope de gasto que le fijó el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 2017, que ya elevaba en 100 el inicialmente previsto.

El delegado del Área, Jorge García Castaño, explicó que esa cantidad sale de los 57 millones del principal, ya abonado este año, más otros cinco millones por demora en la tramitación y otros ocho por demora en el pago.

Los tres portavoces de la oposición (Íñigo Henríquez de Luna del PP, Érika Rodríguez Pinzón del PSOE y Miguel Ángel Redondo de Ciudadanos) coincidieron en calificar de “evitable” este acuerdo de no disponibilidad y culpar a la gestión del Gobierno municipal.

Redondo habló de “caos de organización” y detalló que el acuerdo de no disponibilidad supondrá recortes de 32 millones en Desarrollo Urbano Sostenible, 21 en ayudas a familias en la rehabilitación de viviendas, 16 en Medio Ambiente y 17 en inversiones, de los que seis afectarán al transporte y 2,1 a instalaciones de tratamiento de residuos.

Por su parte, Rodríguez Pinzón afeó que, desde la sentencia de abril del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Gobierno municipal “han tenido tiempo para prever” este desembolso.

Finalmente, Henríquez de Luna criticó que “llueve sobre mojado” y el Gobierno municipal está “permanentemente rectificándose a sí mismo”, ahora con un gasto que podía haberse imputado al presupuesto de 2017 y pagarse con el remanente de tesorería, pero que “por la mala coordinación con la Intervencion General del Estado obliga a nuevos recortes". “No pueden decir que les ha pillado por sorpresa”, recriminó subrayando que la sentencia es de hace un año, antes de lamentar que “pierden los más desfavorecidos”, con un recorte en las ayudas para rehabilitar viviendas que asciende al 50% del presupuesto del Plan Mad-re.

García Castaño contestó que esta inmovilización no afecta al techo de gasto para 2018 y se confió a que el Ministerio de Hacienda y Función Pública modificará este año la regla de gasto, lo que “va a venir muy bien a los ayuntamientos y a éste más”. Insistiendo como en la comisión del mes pasado que la relación con el Ministerio está permitiendo que ambas partes ganen en confianza, sentenció: “Yo confío en Montoro”.