Así consta en una respuesta por escrito que el Gobierno ha remitido al Congreso, donde había preguntado por la cuestión el diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes.

Este parlamentario se interesó sobre el “hecho de que a algunas de las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva en relación al sumario de la celebración del referéndum en Cataluña se les ha restringido la correspondencia que pueden recibir”.

A este respecto, el Ejecutivo informa de que “se ha restringido la correspondencia solamente a un interno, procesado por el delito de sedición, con determinadas personas cuyas cartas contenían objetos de valor prohibidos en los centros penitenciarios o cuya adquisición solo se permite a través de los servicios de economato (billetes, sellos, lotería)”.

MEDIDA “PREVISTA”

La respuesta añade que “esta medida no se ha incorporado a familiares próximos” y es una actuación “que se encuentra prevista en la normativa penitenciaria”.

Ni el Gobierno ni el diputado del PDeCAt aluden a qué diputado se refiere la medida de restringir la correspondencia, aunque los implicados en esta causa son los procesados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

El pasado 23 de marzo Llarena dictó un auto en el que procesaba por rebelión a 13 líderes del proceso secesionista: el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras; siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa); la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Asimismo, Lamela dictó el pasado 5 de abril otro auto en el que procesaba por sedición al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el exdirector de este cuerpo de seguridad Pere Soler y el ex secretario general de la Consejería de Interior César Puig.