Las pruebas que demostrarían que Cristina Cifuentes aprobó su Máster de Derecho Público del Estado Autonómico siguen sin aparecer, según puso de relieve el responsable académico en una comparecencia sin preguntas y tras elevar el caso a la Fiscalía Provincial de Madrid, pues la investigación interna apunta a un “posible delito de falsedad en documento público”.

El caso no deja de enmarañarse y, por el momento, el acta que probaría que la presidenta regional sí presentó el trabajo final del posgrado habría sido 'reconstruida', mientras que la universidad no cuenta ni con la memoria ni con el acta original cuya custodia es obligatoria, según precisó el propio rector.

La presidenta del supuesto tribunal que evaluó a Cifuentes, Alicia López de los Mozos, aseguró el jueves que la firma que aparece en el acta con su nombre es falsa y que ella no evaluó en ningún momento a la dirigente del PP madrileño. Así consta en un documento facilitado por el rector a la prensa.

Asimismo, el rector aseguró que fue la secretaria del presunto tribunal quien le confirmó en un primer momento que Cristina Cifuentes se había examinado de su máster cursado entre los años 2011 y 2012, algo que también habría avalado el director del posgrado, Enrique Álvarez Conde, a quien el rector acusó de querer implicarle en el acta supuestamente falsificada.

“ACCIONES OPORTUNAS”

De hecho, advirtió de que estudia emprender “las acciones oportunas” contra él por sugerir que fue el rector quien le presionó para contar con un acta que avalara la versión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, certificara que presentó el trabajo final del máster.

Además, el rector Javier Ramos aseguró que tras la apertura de la investigación interna, Álvarez Conde se negó a reflejar por escrito sus declaraciones sobre la rectitud del procedimiento. También le señaló hoy como la persona que le entregó el acta.

Estos hechos y otros que parten de la investigación que inició la URJC ya están en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid, después de que los investigadores y el propio rector encontraran indicios de delito en el acta que, según la presidenta del tribunal, es falsa y contaría con firmas falsificadas.