Tras la autorización del Gobierno de un nuevo trasvase del acueducto Tajo-Segura después de 11 meses, el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, afirmó este viernes que esas transferencias de agua nacieron “por una avidez de negocio y de interés económico, más que por una necesidad real”.

“Bastaría con hacer una utilización responsable y sostenible de los recursos hídricos disponibles (entre ellos, los acuíferos) para mantener los actuales usos, aunque estos deben revisarse a la baja cerrando todos los regadíos ilegales y adaptando la agricultura al clima. Desde entonces hasta hoy, la política hidráulica del país se ha basado en ocultar ese grave error y perpetuar un modelo totalmente insostenible que está provocando una grave crisis social y ambiental tanto en la cuenca cedente como en la receptora", añadió.

Barea indicó que el informe ‘La trama del agua en la cuenca del Segura’ demuestra que el trasvase Tajo-Segura puede cerrarse en tres años “sin poner en peligro el abastecimiento y los usos sostenibles de agua del Levante”.

“Por ello, no entendemos por qué se autoriza un nuevo trasvase cuando los embalses de cabecera del Tajo rondan actualmente el 19% de su capacidad y no han comenzado a recuperar sus mínimos caudales ecológicos. Con el impacto del cambio climático, la solución de los trasvases es de una visión muy cortoplacista", apostilló.

Barea subrayó que “para justificar el trasvase se han manipulado y ocultado sistemáticamente datos y mantenido la idea de la escasez de agua por políticos, administraciones y medios de comunicación hasta que se ha grabado en el subconsciente de la ciudadanía”.

“Según nuestro informe, la cuenca del Segura dispone de entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce. Es decir, no tiene déficit, incluso asumiendo las demandas que establece su vigente Plan Hidrológico para el horizonte de 2021 y sin contar con el agua procedente del trasvase Tajo-Segura. Todo ello, insistimos, permitiría al Segura desengancharse del Tajo en un plazo máximo de tres años", concluyó.