La portavoz del grupo confederal, Irene Montero, otros dirigentes de Podemos y En Comú Podem y los responsables de urbanismo o vivienda de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Córdoba, La Coruña y Cádiz presentaron esta iniciativa en el Congreso justificándola desde el principio constitucional de que la vivienda es un derecho y las recomendaciones de los convenios internacionales que España ha suscrito en la materia.

Montero advirtió de que la vivienda “no debería ser un bien con el que especular” y de que “no puede pasar con los alquileres lo mismo que ha pasado con las hipotecas”, ahora que las plataformas de pisos turísticos están disparando al alza los precios.

Por su parte, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, denunció que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 que limitó los plazos y redujo las garantías para los arrendatarios fue “un rotundo fracaso”, y subrayó que “es una obligación” para España cumplir los convenios internacionales y el mandato del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, que recomendaba a este país modificar la legislación para que el alquiler sea “estable, seguro y asequible”.

MEDIDAS

La senadora y responsable de Vivienda de Podemos, Pilar Garrido, resumió la proposición indicando que, por un lado, se trataría de “abrir la puerta” para que las comunidades y ciudades grandes con competencias especiales como Madrid y Barcelona puedan establecer una horquilla de precios en el alquiler de viviendas en base a criterios como que haya una gran demanda no satisfecha, que las rentas familiares sean “claramente insuficientes” para pagar precios mayores, o que éstos hayan subido exageradamente en los últimos tres años. Correspondería a las comunidades, una vez reformada la Ley de Arrendamientos Urbanos, desarrollar el reglamento concreto.

Por otro lado, la iniciativa contempla que los contratos de alquiler volverían a tener una duración mínima de cinco años si el arrendatario cumple las condiciones y no desea abandonar la vivienda (la reforma de 2013 la redujo a tres), y que en el caso de que el propietario sea una persona jurídica (los fondos de inversión o entidades financieras que son grandes propietarios), la prórroga de otros cinco años sea automática si no se incumplen las condiciones. Esto, aseguró, se hace ya en Berlín y Munich, ciudades donde la media de un contrato de alquiler es de 18 años. La propuesta también sugiere incentivar fiscalmente un contrato de alquiler que se firme directamente para 10 años.

Garrido sostuvo que no se trata de impedir la rentabilidad del alquiler, sino que dicha rentabilidad no sea especulativa, porque para este tipo de negocios está la Bolsa, y subrayó que la aprobación de esta medida, para la que cuenta con la mayoría parlamentaria que sacó adelante proposiciones no de ley en el mismo sentido, no tendría afectación a los presupuestos, por lo que el Gobierno no tendría excusa para vetarla.

Finalmente, reconoció que “no es una solución mágica” y no va a solucionar todos los problemas, por ejemplo el derivado de que el parque público de alquiler en España es del 1% frente al 20% de media en la UE, pero destacó que a corto plazo es “una solución imprescindible” para una “situación de emergencia”.

Entre los representantes municipales, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, sintetizó que el debate de fondo es si la vivienda se entiende como una mercancía o como un derecho.