Concretamente, desde Gestha reclaman la información de los delitos fiscales denunciados, de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, “que históricamente reflejan el núcleo fundamental de los resultados económicos de la lucha contra el fraude, y que hasta 2015 se venían publicando”.

De esta manera, Gestha sospecha que “tras la omisión de la cifra de los delitos denunciados contra la Hacienda pública se oculta una nueva caída de los delitos fiscales descubiertos por la AEAT en 2017, lo que mostraría otro fracaso más en la detección de los fraudes más sofisticados”. En este sentido, el sindicato de técnicos señaló que 2016 supuso el quinto año consecutivo de caídas de las denuncias de delitos, ya que se tramitaron 226 denuncias por esta causa, un 77,7% menos respecto a los 1.014 delitos fiscales que se denunciaron en 2011.

Asimismo, Gestha considera que las tres principales causas que complican la detección de fraudes superiores a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal, “son la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda, que les impiden concluir los expedientes de delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que detectan; la decisión de la AEAT de adscribir al 80% de la plantilla el control de particulares, autónomos, microempresas y pymes, y al 20% restante la investigación de las multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas; así como la orden de la AEAT de realizar básicamente investigaciones parciales”.

INEFICACIA

De igual modo, los técnicos lamentan que aunque en 2017 se investigara a más contribuyentes que en 2010, se descubrió una deuda defraudada menor, por lo que la media descubierta por contribuyente también es inferior. Así, consideran que esta evolución desde 2010, salvo el repunte registrado en 2015, “refleja que la AEAT ha decidido reforzar la investigación de aquellos contribuyentes con menos recursos (pequeñas empresas, autónomos y trabajadores) en mayor medida que la persecución del fraude sofisticado que cometen las grandes empresas y las multinacionales”.

En cuanto a los resultados de la inspección, los técnicos destacaron que la deuda liquidada en 2017 fue un 10% inferior a la de 2010, es decir, 624 millones menos. En este contexto, el importe medio de la deuda liquidada por contribuyente cayó el año pasado un 20% con respecto a 2010, lo que suponen 51.888 euros menos.

Por último, los técnicos recordaron que “por cada euro que ingresa la AEAT en su lucha contra el fraude quedan casi cinco pendientes de cobro”, e insisten “en la necesidad de articular un plan realista y eficiente de lucha contra el fraude fiscal, con el que, de acuerdo a sus estimaciones, podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que, prácticamente, asciende la economía sumergida en España”.

Dicho plan, señalan, pasaría por poner en marcha tres medidas fundamentales: “La reorganización de la Agencia Tributaria (AEAT), que debería extenderse al resto del Ministerio de Hacienda y especialmente a la Intervención General de la Administración del estado, para mejorar el control del gasto público y la lucha contra la corrupción, con estructuras más horizontales y capacidad de decisión más compartida; el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento; y la dotación de más medios”.