Así lo transmitió el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, refiriéndose al debate que ayer tuvo lugar en el Congreso en el que se acordó que la derogación de esta pena seguirá su tramitación tras ser derrotadas las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos.

Según Méndez de Vigo, existe un “clamor social” para que esta figura penal siga vigente y, en base a ello, expresó el deseo del gabinete de Mariano Rajoy de que en la tramitación de esta proposición de ley los grupos “reconsideren” su postura. “Muchas veces oímos que hay que escuchar a la calle; que la escuchen también en esta ocasión”, demandó.

Hizo especial hincapié en que con la prisión permanente revisable “no se renuncia a la reinserción del penado”, ya que una vez cumplida parte de la pena un tribunal debe valorar nuevamente las circunstancias del penado y se puede así revisar su situación personal.

Por ello, razonó que “no es una buena noticia” la posible derogación de esta figura que, en opinión del Gobierno, da “mayor seguridad” a las personas y está en la línea “con la práctica totalidad de todos los países europeos” y cuando se aprobó en 2015 contó con los informes favorables del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

FALTÓ "SERENIDAD"

Opinó que en este momento requiere “escuchar la voz de la calle, que es muy clara” con respecto a esta cuestión. El Gobierno, prosiguió, seguirá “donde ha estado siempre” y no virará su postura. “Nos gustaría que los demás reflexionaran porque creo que tenemos buenas razones para mantenerla y queremos que ese debate se haga dentro de la serenidad”, dijo.

Precisamente, admitió que la “serenidad” es lo que “en algún momento pudo fallar ayer” en el debate del Congreso. En cuanto al decreto ley que el Gobierno aprobó para ampliar los supuestos en los que aplicarla, fuentes gubernamentales explicaron que seguirá “su curso” a pesar de que haya prosperado la iniciativa del PNV y “ya se verá” qué hacer en su momento.

Pese a lo bronco del debate de ayer y la trascendencia parlamentaria del mismo, Méndez de Vigo confirmó que este asunto no fue tratado en la reunión del Consejo de Ministros e incidió en que la propuesta del Gobierno para ampliar esta pena data del 9 de febrero, fecha “muy anterior” al caso de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Níjar (Almería).

De ello se valió para decir que la propuesta del Gobierno “no está hecha en caliente” y que, en todo caso, es “bueno” que estos debates se produzcan en sede parlamentaria. Preguntado si estarían dispuestos a hacer modificaciones en esta propuesta, de forma que se pueda reducir el plazo para la revisión de la pena, reconoció que en este momento no es “capaz” de decir si este supuesto sería o no viable.