Así lo pidió este jueves la PTS en la reunión que mantuvo en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, en la que presentó sus propuestas al PNR, que España tiene que elaborar cada año para remitir al Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) y a la Comisión Europea para coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos de la UE.

Al encuentro asistieron Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer; Carlos Susías, vicepresidente de Acción Política e Institucional de la PTS; Eva Valle, directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, y Graciela Malgesini, responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN España).

Durante la reunión, la Plataforma del Tercer Sector también puso sobre la mesa la necesidad de buscar nuevas vías de financiación para dar sostenibilidad al sector, tras el cambio de modelo en el reparto de la subvenciones del 0,7% del IRPF.

Con respecto al Plan Nacional de Reformas 2018-2019, la PTS defiende, entre sus propuestas, mantener los programas de protección a las personas paradas. Este es un punto que preocupa, ya que la tasa de paro es del 16,5% y gran parte de esta cifra corresponde a parados de larga duración.

En este sentido, desde la PTS consideran que estos programas, una vez extinguida la prestación, “cumplen una importante misión”. “Consideramos que los intereses y derechos de las personas paradas y, especialmente, las que carecen de ingresos y tienen necesidades básicas que cubrir, deberían ser prioritarios, con respecto a cualquier ordenación administrativa”, subrayaron los representantes de la plataforma.

POBREZA INFANTIL

Por otro lado, también abogaron por avanzar en la mejora de los sistemas de Ingresos Mínimos para que no solo se contemple a las personas en desempleo, sino también a aquellas sin ingresos. Asimismo, instaron a que se establezca una prestación económica para combatir la pobreza infantil.

En relación a esto, alertaron de que tres de cada 10 menores de 18 años están en riesgo de pobreza y exclusión social en España. Por esto, pusieron de relieve que los países más exitosos en la lucha contra la pobreza infantil combinan una red suficiente de prestaciones, con extensos servicios de apoyo a las familias con hijos, medidas de conciliación familiar y diferentes tipos de reducciones impositivas, prestaciones monetarias y sistemas públicos de cuidados infantiles.

De la misma manera, defienden el alquiler social como instrumento de lucha contra la pobreza y como fuente de empleo. “Nuestra propuesta como PTS es llevar a cabo políticas basadas en el derecho a una vivienda digna”, indicaron.

Entre las propuestas, también pidieron con urgencia desarrollar la Ley del Tercer Sector de Acción Social y el Programa de Impulso de las Entidades. Además, apostaron por una contratación pública socialmente responsable aplicando y desarrollando la Ley de Contratos del Sector Público.

Por último, y teniendo en cuenta la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza que la PTS propuso en 2017, proponen la protección de los grupos especialmente vulnerables, como los hogares monoparentales o las familias con personas con discapacidad. También instan a prestar protección específica a aquellas zonas territoriales más vulnerables, con tasas de desempleo elevadas y mayor riesgo de pobreza, para desarrollar planes integrales específicos.