En su escrito, el ministerio público pide el sobreseimiento provisional por “no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la formación de la causa”-

La situación procesal de la senadora se había convertido en un obstáculo importante para los acuerdos entre el PP y Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, había reclamado la salida de Barreiro como condición indispensable para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Según los informes recabados en el Ayuntamiento de Cartagena, no se ha podido acreditar hasta la fecha que Barreiro impulsara contactos para realizar una consultoría de imagen a cargo del presupuesto municipal.

La senadora del PP declaro el pasado 15 de enero en el Tribunal Supremo como imputada en la pieza separada del 'caso Púnica' que investiga los delitos de la trama en Murcia. Fue la propia Barreiro la que pidió declarar voluntariamente. No obstante, la Fiscalía ya había pedido que se le tomase declaración como investigada por cinco posibles delitos.

El caso de Barreiro llegó al Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevase una exposición razonada en la que apuntaba que podía haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

Según Velasco, la senadora podría haber desviado fondos públicos para contratar servicios de mejora de su imagen personal, lo mismo que se le achacaba al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez y que acabó motivando su dimisión.

Barreiro está siendo investigada por autorizar el pago de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros. Ese monto se pagó a la empresa de Alejandro de Pedro, mediante un sistema planificado por el empresario Javier de Pedro, cabecilla de la 'Púnica', y José Antonio Alonso, alcalde socialista de Cartagena hasta la llegada de la hoy senadora.