Según informó el Consistorio, la FEMP y Carmena coinciden en solicitar al Gobierno central que habilite las medidas oportunas para destinar el superávit de 2017 a la realización de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Igualmente, y en línea con la normativa europea, exigen que la regla de gasto se amplíe con mayor flexibilidad a aquellas entidades locales como Madrid que han realizado un importante esfuerzo para presentar unas cuentas saneadas, tanto en términos de déficit como de reducción de deuda.

Ante la disparidad de criterio en la aplicación de la regla de gasto constatada en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de diciembre de 2017, el Gobierno de Carmena demanda que se dé un trato homogéneo a todos los municipios, y que se consideren IFS también las inversiones para nuevos equipamientos en educación, servicios sociales, etcétera.

Otra de las reivindicaciones municipales es la referida a las limitaciones actuales a la tasa de reposición de funcionarios, es decir, la ratio que determina el número de empleados que se pueden incorporar a una Administración pública en función de las bajas de personas que se hayan producido el año anterior.