El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, presentó asépticamente el objeto de que la comisión celebrara una sesión extraordinaria y urgente: la diferencia entre los 3.322 millones que debía gastar el Ayuntamiento y los 3.364 que gastó en realidad. El Pleno municipal tendrá posteriormente que ratificar esta aprobación.

Para cumplir la Ley de Estabilidad, que establece este imperativo en caso de que una institución se exceda respecto a la regla de gasto, el Consistorio debe dejar inmovilizada una cantidad equivalente. En este caso, los 42,8 millones de exceso más lo equivalente al 2,4% de crecimiento previsto del PIB español en 2018.

Desde Ciudadanos, el portavoz del Área, Miguel Ángel Redondo, afeó al delegado esa asepsia, preguntándole a qué se había debido en concreto ese exceso y cuáles habían sido los criterios para repartir recortes.

En nombre del PP, íñigo Henríquez de Luna precisó que el exceso no había sido de 42 millones, sino de 142, puesto que el Ministerio de Hacienda y Función Pública perdonó al Ayuntamiento 100 en 2017 a cambio de aprobar el Plan Económico Financiero que le exigía. Añadió que el acuerdo de no disponibilidad afectará a 228 partidas presupuestarias y que los 43 millones tendrán que añadirse a los casi 550 de recortes “dramáticos” que ya supone el PEF.

García Castaño replicó criticando al PP por hacer de “quinta columna” del Gobierno central en lugar de defender a los madrileños, pidió respeto a la institución que más superávit tiene y subrayó que no se le puede exigir a la vez ejecutar poco y excederse en gasto. Y no contestó a Redondo, pese a la insistencia de este en la réplica, por qué motivos se volvió a exceder el Ayuntamiento respecto a la regla de gasto fijada en 2017.