Así lo pidió Francisco Morote Vidal, miembro de la PAH, durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, en la que hizo un repaso sobre el impacto de la crisis económica en las ejecuciones hipotecarias y desahucios desde 2009, año de nacimiento de la PAH, hasta la actualidad, además de un análisis a la situación actual del acceso a la vivienda.

Durante su intervención, Morote denunció la falta de medidas por parte del Gobierno para impedir los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda y criticó que la Iniciativa Legislativa Popular que la PAH presentó en 2013 y que contó con más de un millón de firmas de apoyo “transmutó en un monstruo” en forma de una ley en la que no reconocían su ILP.

En este sentido, Morote señaló que dicha ley no atendió las peticiones iniciales de establecer la dación en pago retroactiva, promover el aquiler social y paralizar los desahucios sin alternativa habitacional. Por ello, señaló que el pasado enero habían vuelto a presentar junto a Unidos Podemos una nueva propuesta de ley, que denominó “Ley de vivienda de la PAH”, en la que reclaman cinco aspectos “imprescindibles”.

Éstos son la dación en pago retroactiva; una moratoria para que los desalojos forzosos sin alternativa habitacional sean parados; garantizar alquileres asequibles aplicando índices de referencia en los precios como en Francia, Alemania o Austria; un parque público de vivienda para garantizar el acceso a la misma (“según el INE hay 3,5 millones de casas vacías”, señaló); y la garantía de acceso a servicios y suministros básicos.

ILEGALIDAD Y CLÁUSULAS ABUSIVAS

Así, el representante de la PAH aseguró que el Gobierno incumple las directivas europeas y normas de la ONU en materia de vivienda, dando lugar a la “indefensión de la gente” y que en España “partimos de una legislación del siglo XIX, mínimamente actualizada y sensiblemente inferior a los estándares europeos en derechos fundamentales”.

En este sentido, Morote indicó que “todas las acciones del Gobierno para liar la situación de los desahucios han sido insuficientes e injustas y, a tenor de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), incluso ilegales”.

“Cuando intentábamos parar un desahucio y venía la policía y nos pegaba, resulta que los únicos que estábamos defendiendo la legalidad, la justicia social, la racionalidad y los derechos humanos éramos los activistas”, aseguró.

“El aparato del Estado ha funcionado en favor de la banca”, según Morote, quien añadió que el código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno sólo ha beneficiado en cuatro años a un 0,1% de las familias y que actualmente “es incuestionable que está habiendo una burbuja en los precios del aquiler”.

En esta línea, Morote denunció la falta de control de los precios del alquiler y la “carencia absoluta” de un parque de vivienda de alquiler, por lo que afirmó que “el acceso a la vivienda va a ser algo imposible para una gran mayoría de la población” y que “para que la vivienda sea un derecho fundamental, debe dejar de ser un bien de consumo al que se pueda acceder o no en función de la renta”.

Por último, el portavoz de la PAH también se refirió a las cláusulas abusivas en las hipotecas. “Están llenas de cláusulas abusivas” afirmó, para señalar que, además de las cláusulas suelo, existen otras como la del “vencimiento anticipado, que es lo que permite que se inicie un procedimiento; la que obliga a que los avalistas renuncien a sus derechos; los intereses de demora; el cobro de la comisión de apertura; y los gastos de constitución del préstamo”.

“Sigue habiendo mucha gente que sufre mucho y los instrumentos para que la gente empiece poco a poco a sufrir menos hasta que dejen de sufrir están aquí” afirmó Morote, quien emplazó a los grupos parlamentarios a evitar el bloqueo de la ley propuesta por la PAH. “No impidan que el trabajo de la sociedad civil organizada después de años de lucha quede en un saco de papel. Hagan que se tramite y que exista una normativa estatal de mínimos que garantice que el derecho a la vivienda es un derecho efectivo, real y que la gente puede acceder a él”, concluyó.