Así se asegura en un comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. También firman la nota la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

En el comunicado se afirma que, debido a que las demandas planteadas por jueces y fiscales no vienen siendo atendidas, sus asociaciones promoverán un “calendario de medidas de conflicto” que se aplicarán progresivamente. Estas medidas están pendientes de ratificación por parte de los afiliados de las distintas entidades.

Las protestas se iniciarán el 5 de abril en las sedes judiciales de toda España con la lectura de las propuestas de jueces y fiscales, a lo que seguirá una concentración en Madrid el 14 de abril. A continuación, se llevarán a cabo paros parciales de una hora -de 12 a 13 horas- los jueves de cada semana durante un mes.

CONDICIONES PROFESIONALES

Finalmente, en caso de no haber respuesta a las citadas propuestas, se convocará un día de huelga de las carreras judicial y fiscal, para lo cual se fija el 22 de mayo. Las asociaciones aseguran que “en función de la marcha de las negociaciones se podrá variar la citada fecha”.

Las asociaciones de jueces y fiscales explican que estas movilizaciones son consecuencia de que se haya ignorado que el pasado 16 de junio de 2017 las cuatro entidades que representan a los magistrados suscribieron el documento ‘14 propuestas para la mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 jueces y las tres de asociaciones de fiscales.

En este sentido, los jueces demandan cambios como el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de su carrera profesional. Unas son claramente de las Cortes Generales, otras del Ejecutivo y el resto del Consejo General del Poder Judicial.

Por su parte, los fiscales demandan la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.