Así lo manifestó la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, en el Consejo Nacional de la Discapacidad, donde manifestó que “tal y como está planteado a día de hoy el proyecto de reglamento, y aun apreciando los avances en accesibilidad que benefician a otros colectivos, el documento no responde a las necesidades, inquietudes y propuestas principales de la comunidad sorda, de la comunidad lingüística usuaria de las lenguas de signos españolas, ni a las demandas de las personas sordas en general”.

“Las personas sordas confiábamos en que iría más allá de la mera reproducción de los preceptos de la propia ley, y que cumpliría con su tarea de desarrollo y complemento de la misma”, afirmó Concha Díaz durante su intervención, “pero no ha sido así”.

La presidenta de la CNSE lamentó que el reglamento “no proteja ni promocione la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en tanto que lenguas y como expresión del patrimonio cultural de la ciudadanía”.

En este sentido, solicitó que se incluya “un artículo específico donde se explicite de forma contundente la intención de salvaguardar estas lenguas y propiciar su estudio y aprendizaje a la ciudadanía con criterios de calidad, ya que, de lo contrario, no estaría acorde con el espíritu que se desprende de la Ley 27/2007 sobre el reconocimiento de las lenguas de signos españolas como tales”.

Otro aspecto que preocupa a la CNSE y su red asociativa es la falta de concreción que muestra este documento en lo que respecta a la incorporación de la lengua de signos en el sistema educativo en tanto que lengua vehicular, curricular y de comunicación.

“Para nosotras, y sobre todo para las familias con hijos sordos, es irrenunciable que este reglamento incluya un mandato sobre la regulación de las condiciones mínimas para la incorporación de las lenguas de signos españolas en los centros educativos”, señaló Díaz, que asimismo opinó que “de poco sirve que la Ley 27/2007 reconozca un modelo de educación bilingüe en su articulado si 11 años después sigue quedando casi todo por definir desde el punto de vista de la normativa educativa”.

Añadió que el citado reglamento no recoge todas las figuras profesionales relacionadas con la lengua de signos que existen en la actualidad, un aspecto que Díaz considera que “sería beneficioso en lo que respecta a las personas sordas en el ámbito laboral, como tampoco las definiciones oficiales pertinentes como es el caso de la mediación comunicativa, en el que habría que remitirse al Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece este título".

Para finalizar, Díaz mostró su deseo por que “estas justas y legítimas demandas sean debidamente consideradas e integradas en esta futura norma por parte del Gobierno, y que se garantice para su despliegue una memoria económica suficiente que permita avances dignos en materia de accesibilidad a la información y la comunicación para todos los colectivos, sin exclusiones, y en todos los ámbitos posibles”, y recalcó la disposición de la CNSE a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo “hasta conseguir que este documento sea inclusivo tanto con las necesidades de todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, como con la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos".