Así se manifestó Mario Garcés durante su intervención en la inauguración de la ‘II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad’, que la Fundación Cermi Mujeres (FCM) celebra este viernes en el Senado y que este año se centra en abordar los principales obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad.

La apertura contó también con la participación del vicepresidente primero de la Cámara Alta, Pedro Sanz; el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Joaquín Delgado, y la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez.

El secretario de Estado destacó “la fuerza que tienen dos palabras como 'mujer' y 'discapacidad'” y puso en valor que el Senado sea “la casa de la igualdad, la libertad y la justicia”. En esta línea, recordó algunos de los hitos históricos que han favorecido la igualdad de derechos de las mujeres, como la aprobación del derecho de sufragio universal.

“En el último año y medio, además, hay un reverdecimiento de la lucha por la igualdad de las mujeres”, añadió Garcés, quien hizo un llamamiento para “acabar con la “brecha salarial y de mercado” que sufren las mujeres, y muy especialmente las que tienen discapacidad.

Pese a que Garcés puso el acento en todo lo que queda por mejorar, recordó que durante 2017 “cuatro de las 12 leyes que se aprobaron tenían relación directa o indirecta con las personas con discapacidad". De esta forma, resaltó el “compromiso” del Ejecutivo con este grupo social y la interlocución y colaboración permanentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la Fundación Cermi Mujeres.

De hecho, mostró el apoyo del Gobierno a la candidatura de Ana Peláez para formar parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité de la Cedaw, por sus siglas en inglés) para el periodo 2019-2022. Se trataría de la primera mujer con discapacidad en pertenecer a este organismo internacional.

Por su parte, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del departamento dirigido por Rafael Catalá advirtió de que para que la igualdad de derechos se lleve a la práctica y no quede únicamente en las leyes, es necesario que “exista una justicia que garantice esos derechos”, por lo que “tenemos que terminar con los obstáculos de acceso a la justicia”. En su opinión, “la discapacidad supone un elemento de vulnerabilidad que debe ser tenido en cuenta por todos los poderes públicos”.

Asimismo, declaró que el ordenamiento jurídico debe adaptarse a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “un proceso que no es fácil, que ya hemos comenzado y en el que tenemos voluntad de continuar”. Así, citó algunos ejemplos de avances que se han producido en el pasado año, como es el caso de la eliminación de las restricciones existentes para contraer matrimonio para algunas personas con discapacidad o la reforma de la Ley Orgánica del Jurado para terminar con la exclusión de las personas con discapacidad de este tipo de tribunales.

Mientras, Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM y vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), subrayó la importancia de celebrar esta ‘II Conferencia Sectorial’ en el Senado (el pasado año tuvo lugar en el Congreso de los Diputados) y mostró su agradecimiento a todas las personas que la han hecho posible con su participación. “Estamos en la antesala del Día Internacional de la Mujer, y tratamos aquí un asunto fundamental, como es el de la consideración de las mujeres con discapacidad ante la justicia”, remarcó.

MAS DE 60.000 MUJERES

“La igualdad ante la ley y la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad es un asunto que trasciende a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad, que en España es una población de 2,5 millones de personas”, indicó Peláez, quien también recordó que más de 60.000 mujeres con discapacidad en el país tienen su capacidad legal modificada, y explicó que para el resto de mujeres con discapacidad “existen obstáculos que les impiden acceder a la justicia en igualdad de condiciones”.

El vicepresidente primero del Senado ensalzó la labor de la Cámara Alta en favor de diferentes cuestiones sociales, como es el caso de las personas con discapacidad. De este modo, recordó que en el pasado año se creó con carácter permanente la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.

“Desde el Gobierno de España se están impulsando políticas para alcanzar la igualdad de todas las personas, sean hombres o mujeres o tengan o no discapacidad. Y es que para garantizar la dignidad de las personas con discapacidad debemos asumir la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Debemos eliminar obstáculos y no levantar más barreras que nos alejen del objetivo de toda la sociedad, que es el de una verdadera igualdad”, dijo Pedro Sanz.

Posteriormente se celebró la mesa ‘Igualdad ante la ley y capacidad jurídica de las personas con discapacidad’ moderada por la senadora Virginia Felipe, en la que se repasaron los puntos más relevantes de la Convención de la Discapacidad y las consideraciones especiales a las mujeres y niñas con discapacidad.

En este sentido, la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz, recordó la importancia del modelo que promueve la Convención de la Discapacidad, que propone el apoyo en la toma de decisiones, y puso acento en la importancia de que se cumpla el artículo 12 que establece la igualdad ante la ley de todas las personas. “Conseguir la efectividad del artículo 12 supone un cambio mental y sociocultural que elimine los estereotipos basados en la capacidad de las personas con discapacidad”, dijo.

En esta línea se expresó también la profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid María del Carmen Barranco, que apuntó que “el acceso a la justicia constituye la garantía del resto de derechos y las personas con discapacidad se enfrentan a más obstáculos”. Barranco insistió en que “en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad estas barreras son todavía mayores, pues se enfrentan a estereotipos que hacen que se dude de su testimonio, eliminando su capacidad material”.

Por su parte, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda hizo un repaso a la historia de los derechos y las barreras de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en general, y de las mujeres y niñas en especial. Así, aunque cree que se ha avanzado mucho en este sentido, Sepúlveda expresó que “todavía tenemos que asumir que las personas con discapacidad somos sujeto de derecho. La palabra 'persona' es lo que garantiza que tengamos derechos como ciudadano y esto ha sido, tradicionalmente, una asignatura pendiente para este sector de la ciudadanía”.

Por último, Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado, celebró que el artículo 12 de la Constitución reconoce todos los derechos a la ciudadanía, pero el problema es el ejercicio en la práctica. "¿De qué me sirve ser titular de un derecho que no se me permite ejercer posteriormente?”, se preguntó.

“Llevamos 10 años con la Convención de la Discapacidad aprobada, pero no se ha adaptado el Código Civil. A los juristas nos ocurre que tenemos normas encontradas, pese al gran esfuerzo que se está haciendo por parte de jueces, fiscales y notarios. Pero no puede ser que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad dependa de la sensibilidad del juez”, aseveró esta experta, que abogó por acabar por las incapacitaciones en favor de un modelo de apoyos, “porque la incapacitación es la muerte civil de la persona con discapacidad”.