PP, Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos coincidieron en los cinco puntos de la parte propositiva de una moción de urgencia presentada por socialistas y Ahora Madrid, y, a instancias de una transacción de los populares, dejaron sin votar la parte expositiva, en la que el diagnóstico sobre política económica de unos era opuesto al de los otros.

En el debate, la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, y la de Economía y Hacienda del PSOE, Érika Rodríguez Pinzón, calificaron de injusta la regla de gasto, algo que negó el portavoz adjunto y del ramo del PP, Íñigo Henríquez de Luna, pero ninguno quiso entrar en discusiones al respecto ya muchas veces repetidas. Por su parte ,el de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, se mostró en contra del punto que pide incremenar la tasa de reposición de funcionarios para evitar que los ayuntamientos tengan “barra libre” en la contratación, pero ello no impidió la unanimidad en la votación.

En concreto, la proposición “insta al Gobierno de la Nación para que, en el marco del Grupo de Trabajo creado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se revise la regla de Gasto, dentro del marco normativo de la Unión Europea, para permitir que aquellas entidades locales que cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, puedan destinar el superávit estructural a la mejora de los servicios públicos en el ámbito de sus competencias”.

Por otro lado, se solicita al Ministerio la inversión inmediata del superávit de 2017 “con mayor autonomía para elegir la dirección de estas inversiones, superando los criterios marcados actualmente para las Inversiones Financieramente Sostenibles”.

Además, se pide a la Intervención General de la Administración de Estado “que emita instrucciones precisas a los órganos interventores de las entidades locales para tanto para uniformizar el criterio respecto a la naturaleza de las Inversiones Financieramente Sostenibles como en el cálculo del cumplimiento de la regla de gasto”.

Este último punto aludía al supuesto trato diferencial que ha aplicado el Ministerio al Ayuntamiento de Madrid en la exigencia de límite de gasto, lo que llevó al rechazo de tres planes económicos financieros; el PP siempre ha negado esta discriminación, pero también votó a favor del apartado.

Por último, “el Ayuntamiento solicita al Gobierno central la apertura de un debate urgente sobre un nuevo modelo de financiación local en paralelo y en igualdad de condiciones al de las comunidades autónomas” y solicita que en los presupuestos de 2018 se introduzca la citada “flexibilización de la tasa de reposición de efectivos para la Administración Local, en el marco de lo acordado entre el Gobierno y los sindicatos en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas”.