El Gobierno autoriza un acuerdo para la prestación de servicios de seguridad en la Administración por 73 millones
- También un contrato para el suministro de motos y quads por 25,27 millones
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El Consejo de Ministros autorizó en su reunión de este viernes un contrato centralizado para la prestación de servicios de seguridad y auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado, con un valor estimado para el periodo máximo de duración de 73 millones de euros, IVA excluido.
En concreto, se trata de edificios del Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Asuntos Exteriores y Cooperación así como de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, como la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social y Gerencia de Informática de la Seguridad Social, entre otras.
El contrato integra las prestaciones de vigilantes de seguridad, mantenimiento de instalaciones de seguridad y centrales receptoras de alarma, con el fin de conseguir un tratamiento unitario de los distintos servicios que coadyuvan a un nivel adecuado de seguridad en los edificios públicos.
Según informó el Gobierno, el contrato se estructura en cuatro lotes y se limitará la presentación de ofertas a los licitadores a uno o dos lotes, para facilitar la el acceso al contrato de un mayor número de empresas.
SUMINISTRO DE MOTOS
Por otro lado, el Consejo de Ministros autorizó también un acuerdo marco para el suministro centralizado de motocicletas y quads, con un valor máximo estimado de 25,27 millones de euros.
El acuerdo, que sustuye al vigente desde 2014 y que finaliza el 30 de noviembre, tendrá una duración de dos años, prorrogable por un máximo de otros dos y supondrá, según indicó el Gobierno, un ahorro de 2,5 millones de euros.
En concreto, el acuerdo, que distingue entre cuatro tipos de vehículos, escúter, motocicleta de turismo, todoterreno y ATV/Quad, da una mayor presencia a vehículos eléctricos, al dar “un importante peso a las características ambientales”, valorando aspectos relacionados con las emisiones, la reciclabilidad de los componentes, y el nivel sonoro en parado.
El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades del sector público estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo.
(SERVIMEDIA)
23 Feb 2018
IPS/gja