Así lo dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que recordó que “el sistema educativo de una comunidad autónoma se basa en la jerarquía normativa”, encabezada por la Constitución y seguida por leyes nacionales, autonómicas y decretos para desarrollarlas.

Por ello, achacó a “actitudes de victimismo” las posturas de quienes dicen que el Gobierno va a modificar cuestiones como la casilla del castellano y que sólo lo hace como “baza política” que “no tiene nada que ver con la realidad”. Y agregó: “El Gobierno quiere garantizar que se cumple aquello que dice la ley y allí donde hay una controversia lo que dicen los tribunales”, y amparar el derecho fundamental de los padres a elegir sobre la educación de sus hijos.

Méndez de Vigo recordó que el Gobierno trabaja junto con los partidos políticos y la comunidad educativa para “hacer las cosas bien” y darse “tiempo” respecto a la actuación subsidiaria del Estado en el caso en el que una comunidad educativa “no diera satisfacción a una persona”, punto de la Lomce que ha sido rebatido recientemente por el Tribunal Constitucional.

Según el ministro portavoz, se trata de “una novedad” pero el Gobierno no tiene “necesidad de tomar decisiones rápidamente”, ya que la prescripción fija como plazo el mes de abril.