Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, De la Serna respondió así a una interpelacion urgente del diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, sobre “el cumplimiento por parte de España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda”.

En su intervención, el ministro de Fomento aseguró que “se ha hecho mucho” para cumplir con los criterios de la ONU y con las normas dentro del ámbito competencial. Así, destacó que “se han adoptado un conjunto de medidas de protección de los deudores hipotecarios, centrado sobre todo en las personas en situación de especial vulnerabilidad”, así como un código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía sobre vivienda habitual y la creación en 2013 de un fondo social de vivienda con casi 10.000 viviendas aportadas por 29 entidades financieras.

“Se han suspendido más de 24.000 lanzamientos, más de 45.600 familias se han acogido al codigo de buenas prácticas, y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del fondo social, el 90% de los pisos disponibles”, señaló.

Asimismo, destacó que “se han reducido las ejecuciones hipotecarias de forma significativa hasta un ritmo anual del 58,9%”, aunque reconoció que la cifra sigue siendo alta.

Por su parte, Mayoral criticó que el Gobierno “no tiene ninguna voluntad de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” y que en España se produce un “incumplimiento sistemático” en lo relativo a desalojos forzosos sin alternativa habitacional, “que son ilegales”. Así, indicó que existen varios dictámenes de la ONU en los que se indica que “España está fuera de la ley” y que hay que hacer reformas legislativas, pero que el compromiso del Gobierno está “con las élites, los buitres y los especuladores”.

En esta línea, Mayoral señaló el incumplimiento de las normas de la ONU sobre este tema y aseguró que en España “nunca ha habido un sistema de protección” y que “hemos construido una cultura en contra de los derechos humanos”. Además, indicó que en España sólo hay un 1% de vivienda social para el alquiler, mientras que en Holanda hay un 32%, en Austria un 23%, en Reino Unido un 18% y en Francia un 17%.