Así lo indican ambos sindicatos en su manifiesto con motivo del 8 de marzo, en el que bajo el eslogan ‘#VivasLibresUnidas por la Igualdad’, instan también a todos los trabajadores a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren ese día para “reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la discriminación laboral, económica y social de las mujeres”.

“Apoyamos activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral y social”, afirma el manifiesto.

“Con 49 mujeres y 8 niños y niñas asesinadas por violencia de género en 2017; un paro que supera los dos millones de trabajadoras; y casi 6.000 euros menos al año en relación a los hombres”, CCOO y UGT reclaman otras políticas comprometidas con la igualdad y contra la violencia de género.

Entre otras, algunas de las demandas recogidas en el manifiesto son promover una ley para la igualdad salarial y avanzar en la representación paritaria en los distintos órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de la sociedad española.

También piden avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Asimismo, demandan activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad, para que los cuidados se repartan equitativamente entre mujeres, hombres, la sociedad y el Estado, como la aprobación de la quinta semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno o la retribución de las excedencias por cuidado familiar, en línea con las propuestas aprobadas por la Comisión Europea en 2017.

Además, los sindicatos “refuerzan” su “compromiso para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres” y denuncian “la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad”.

Por último, sostienen que “el Gobierno y las empresas deben implementar medidas reales y eficaces que combatan la discriminación laboral, económica y social de las mujeres”.