Granados comparece en la Audiencia Nacional a petición propia y podría aportar al instructor información sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2007 y 2014. Fuentes jurídicas esperan que aporte datos sobre el presunto funcionamiento de la caja `b´ del PP madrileño durante la época en la que estuvo presidido por Esperanza Aguirre, por lo que, agregaron, estas revelaciones podrían desembocar en la imputación de la expresidenta.

Hasta ahora, su exsocio David Marjaliza le ha apuntado como el máximo responsable de las finanzas populares madrileñas; una versión a la que el juez da credibilidad al detectar “la existencia de tratos de corrupción” por parte de Granados "dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones", cuando presidía la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004.

Precisamente, por este motivo declararon el fundador y expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y su yerno y exconsejero delegado de la compañía, Javier López Madrid, que negaron el pago de comisiones ilegales y las donaciones al Partido Popular.

Marjaliza lleva ya tiempo colaborando con la Fiscalía y reveló en una de sus comparecencias ante el juez que se había repartido con Granados y López Madrid una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de obras.

Granados estuvo en prisión preventiva durante dos años y medio y quedó en libertad en junio cuando el juez Eloy Velasco decretó su excarcelación previo pago de una fianza de 400.000 euros que depositó con las propiedades presentadas como aval por sus familiares. Sobre Granados ya pesa una condena de dos años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional en el primer juicio de la 'Púnica', en relación al chivatazo que le dio un guardia civil de que le estaban investigando.