Así lo manifestó Pérez Bueno durante la inauguración del seminario ‘La reforma social de la Constitución española. Constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales’, organizado por el Cermi y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que se celebra en el Salón de Tapices del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia. En la inauguración también intervinieron el presidente de la PTS, Luciano Poyato, y el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás.

Para el presidente del Cermi, “lo social suele permanecer en las periferias de la atención ahora que se habla de una reforma constitucional. Lo que llega a las personas interesadas por lo que sucede en su ámbito de convivencia es que no se pone el acento en lo social”. A su juicio, “el recorrido no se ha agotado, y no disfrutamos todavía de un Estado auténticamente social”.

Por ello, Pérez Bueno destacó la importancia de celebrar un seminario sobre este asunto, que sirva además para “reapoderar al Estado” para poder implementar políticas sociales, abordando el debate competencial. Además, recordó que España tiene compromisos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad o la de los Derechos del Niño.

REFORMA SOCIAL

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector abogó por la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas. “La crisis económica ha desencadenado un aumento de la desigualdad y una disminución del bienestar, por lo que es necesario que el Gobierno y las formaciones políticas asuman el compromiso de promover una reforma social de la Constitución, algo que desde la PTS estamos reclamando”.

De la misma manera, subrayó que los derechos sociales, culturales y económicos deben formularse como fundamentales de acuerdo a las cartas y tratados internacionales. Además, pidió compromiso para que exista una verdadera participación de la ciudadanía y las organizaciones del Tercer Sector en la vida política.

Igualmente, Luciano Poyato manifestó que es esencial “dignificar” la vida de las personas en general, pero en particular, de los más vulnerables. “El Estado debe estar legitimado para desarrollar actuaciones que redunden en beneficio de lo social para lograr equilibrio y cohesión social y así lograr una sociedad del bienestar”, indicó.

COYUNTURA POLÍTICA

Posteriormente, el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado impartió una ponencia en la que aseguró que pese a que la coyuntura política actual hace necesaria una reforma en materia territorial, los derechos sociales no deben quedar en el olvido y, en este sentido, animó a los agentes implicados a estimular a quienes están en los poderes públicos con propuestas específicas.

Además, durante su intervención quiso recalcar que no hay que perder de vista el reparto de competencias a la hora de reclamar una reforma social de la Constitución Española. En este sentido, dijo que hay que establecer “un contenido básico de carácter fundamental y exigible”.

De esta forma, explicó que se puede incorporar a la Carta Magna un contenido “esencial y básico” para aquellos derechos que estén vinculados a la dignidad humana, el trato esencial y reconocimiento de toda persona. “De esta manera se podrían hacer políticas sociales generales cuando sea preciso”, matizó Santiago Muñoz.

Por otro lado, el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector y secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, ofreció una ponencia en la que se ha mostrado a favor de una reforma constitucional, “aunque debe existir un consenso mínimo suficiente”. En su opinión, “uno de los defectos de los constituyentes es que no se acordaron de los derechos sociales a la hora de articular derechos fundamentales y principios rectores”.

Asimismo, reclamó que sin eliminar competencias autonómicas, se establezcan unas políticas en las que el Estado pueda actuar. “Tenemos que superar la etapa en la que el Estado está privado de herramientas para hacer determinadas políticas sociales”, indicó Rafael de Lorenzo, que también puso de relieve la importancia de que la Carta Magna reconozca el papel del Tercer Sector.

"La Constitución debe hacer un ejercicio de reconocimiento hacia las organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la iniciativa social que trabajan por el interés general", afirmó. "Los poderes públicos tienen que hacer una labor de reconocimiento del diálogo civil”.

En relación con las personas con discapacidad, el secretario general de la PTS instó a “pasar del modelo médico rehabilitador actual que todavía se refleja en la Constitución”, al paradigma de derechos, en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.