Carmena contestó así a una pregunta que se le formuló al respecto en la rueda de prensa en la que presentó los presupuestos participativos que se propondrán y votarán este año para ejecutarlos el que viene.

La alcaldesa dijo que es “muy lamentable” que, cuando hay “una comunicación constante” con la oposición, “se acuda a una querella de estas características”, que “obstaculiza” la gestión municipal, cuando, a su juicio, lo importante es que el Gobierno municipal pudo “resolver un problema muy serio” y, a su juicio, lo ha “solucionado muy bien”.

Relató que se recibió “una empresa en bancarrota” que “había dejado completamente desasistido” un servicio que “empezaba a ser muy valorado por los ciudadanos”, y, “ante ese problema” el Gobierno municipal pensó en muchas soluciones y mantuvo muchas reuniones y decidió que “la mejor solución” era la cesión del contrato de Bonopark a la Empresa Municipal de Transportes, por los conocidos 10,5 millones, “el precio que se estimó que era el razonable y el que surgió en la conciliación entre Bonopark y el Ayuntamiento”.

“La pregunta última es cómo valoramos cómo se resolvió, y se resolvió muy bien”, reivindicó, destacando se hizo “con cumplimiento de todas las exigencias legales” y que “han desaparecido las quejas sobre Bicimad” y ahora “hay elogios y felicitaciones”. Por tanto, “ha sido una buena decisión que ha producido un efecto muy positivo”.

Carmena instó a “verlo desde esa perspectiva y no otra, que es muy expresiva de un intento de judicialización sistemática de la actividad política, que no es el mejor camino”, aunque a la vez admitió que “cualquier gestión pública tiene que tener controles legales” con los que dijo que el Ayuntamiento está “dispuesto a colaborar”.

“La judicialización de la gestión no es la mejor manera de permitir que la gestión pública pueda discurrir de la manera más razonable posible”, reprendió. “Lo mejor es la evaluación de las políticas públicas. Someter a controles extraordinarios sobre la presunta comisión de ilícitos no es el proceso adecuado para la evaluación de la gestión pública”.

Preguntada también si se plantea cesar a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en caso de que prospere la querella del PP, que va dirigida contra ella y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, Carmena volvió a distinguir entre “investigado” e imputado”, como cuando el mismo Grupo Popular se querelló contra el exdelegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por el informe sobre el Open de tenis.

“Cuando no hay ningún cargo dirigido contra una persona concreta, no hay ningún concepto que esté relacionado con que tenga que poner su cargo a disposición”, indicó la alcaldesa. ”La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal dijo muy claro que hay que distinguir entre una mera investigación, en la que el tribunal pregunta sobre unos hechos que un tercero le quiere adjudicar, y cuando es el tribunal el que dirige la imputación hacia esa persona”.