Fuentes del Área de Medio Ambiente y Movilidad, divulgaron una serie de precisiones justo el mismo día en que el Grupo Municipal Popular ha presentado formalmente su ya anunciada querella contra la delegada del Área, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, por presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos en la citada cesión del contrato asignado por el anterior Gobierno municipal a la empresa Bonopark, incluyendo ese documento que avalaba el precio pero que no tenía firma y, según el PP, se falsificó para justificar la compra.

Desde el Área se justifica la municipalización indicando que Bonopark comprobó pronto que su oferta para adquirir la gestión del servicio de bicicletas de alquiler, con una inversión prevista de 7,3 millones, era insuficiente para llevarla a cabo, en parte por el vandalismo pero también por su mala gestión, y que el Ayuntamiento quiso mantenerlo por ser “un servicio fundamental de su estrategia de movilidad sostenible para reducir la contaminación”.

Según esta versión, rescatar la concesión, como el PP dice que debería haber hecho, podría “abocar a un recurso del contratista que paralizara el servicio durante años”, y aplicar penalizaciones no bastaba para reflotarlo, por lo que se optó por la cesión del contrato a la Empresa Municipal de Transportes. Los 10,5 millones se fijaron como precio intermedio entre varias evaluaciones. Por un lado, la valoración de activos tangibles e intangibles, según las cuentas auditadas de Bonopark en 2015, sumaba 9,4 millones; y, por otro, el valor de los flujos de caja 11,1 milones. Las deuda de 13,5 millones de la empresa, asegura el Consistorio, “en ningún caso” fueron asumidas por la EMT.

Las fuentes citadas explicaron además que la cesión del contrato se aprueba en la Comisión Delegada de la EMT de abril de 2016, como órgano que asume las competencias del Consejo de Administración desde 2004, y que a éste se le informó en septiembre, en una sesión a la que no acudió el consejero del PP, partido que reprocha al Gobierno municipal no haber sometido a debate y votación la municipalización en el mismo órgano al que ahora quiere exclusivamente dar explicaciones.

EL DOCUMENTO

En cuanto al documento, reconoce que, siendo de septiembre de 2016, “no pudo servir como justificación del precio para la firma del contrato de cesión”, como también afirma el PP, pero Medio Ambiente matiza que se trataba de un documento interno. Esto explicaría la ausencia de una firma. El precio, asegura, se fijó tras auditorías y reuniones durante siete meses, de las que queda una documentación de 800 folios, y la cesión del contrato entre dos sociedades mercantiles, como Bonopark y la EMT, “cumplió todos los requisitos de la cesión de contratos”.

Finalmente, en cuanto a la auditoría realizada el pasado mes de diciembre y que también ha sido objeto de polémica, las fuentes del Área aclararon que sólo se pidió una oferta “por razones de confidencialidad de la información a tratar, ya que la información utilizada está regulada según acuerdo de confidencialidad firmado entre Bonopark y EMT en enero de 2016 para poder tener acceso a toda la información necesaria en poder de Bonopark, dándose cumplimiento a la normativa que es de aplicación a los contratos menores”.

Además, añade, “el encargo se realiza por el daño a la imagen que se produce por las insinuaciones del PP sobre una empresa, la EMT, que, entre otras actividades, realiza trabajos de consultoría internacional en desarrollos de negocio de transporte”.

Por último, las fuentes del Área subrayaron que, con la gestión municipal, en 2017 se han realizado más de 3.350.000 viajes en Bicimad, con un crecimiento del 19% por ciento respecto a 2016 y una bajada de incidencias del 12% en noviembre de 2016, cuando la EMT comienza con el servicio, al 3% en octubre de 2017. Los costes operacionales se prevén de 4,3 millones a finale de 2017, con una reducción del 9% frente a la gestión privada. Por bicicleta operativa, el gasto ha pasado de 2.376, 15 euros con gestión privada frente a 2.158,34 euros con gestión pública.