A la campaña se han sumado las más de 400.000 firmas que había conseguido Rocío Vieitez, madre de dos de las citadas pequeñas que fueron asesinadas por su progenitor.

En el texto que acompaña a la recogida de firmas, a través de la plataforma ‘Change.org’, los padres lamentan que “ojalá” pudieran evitar los asesinatos de sus hijos, pero “la dura realidad” es que sólo puede reconfortarles “un objetivo”: “Evitar que se derogue la prisión permanente revisable, una pena excepcional contemplada para casos de extrema gravedad, como por ejemplo el asesinato de menores”.

“Para que así, el legado de la vida de Marta, Diana, Mari Luz, Candela, Amaia, Ruth y José sirva para construir –con vuestro apoyo– una sociedad más segura, más justa y más solidaria”, añaden.

CALVARIO

Las cinco familias, agrupadas bajo la Plataforma de Víctimas de la Prisión Permanente Revisable, sostienen que esta petición está al margen de “cualquier ideología política” y que se unen para “evitar que se vulneren los derechos más elementales del ser humano” y que otras familias tengan que vivir su “calvario”.

Según recuerdan, el 4 de octubre de 2017, el Congreso dio luz verde a una iniciativa para pedir al Gobierno la derogación de la prisión permanente revisable, que fue incorporada al ordenamiento jurídico en 2015. Ahora esa proposición se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso para su debate. “Aún estamos a tiempo de conseguir que no se derogue”, apuntan.

“Antes de 2015, el tiempo máximo que un condenado podía estar en la cárcel era de 40 años. Sin embargo, muy rara vez se cumple esa condena. Hay demasiados casos en los que un violador o un asesino sale de la cárcel y vuelve a cometer crímenes”, explican.

REINSERCIÓN

Con la entrada en vigor de la prisión permanente revisable, la situación del preso se puede revisar a partir de los 25 años del cumplimiento de la condena, y reinsertarse en la sociedad si cumple las exigencias de su rehabilitación.

“Es decir, con esta pena no se renuncia – como algunos creen– a la reinserción del condenado. Países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria o Suiza disponen de una pena similar a la que ahora quieren eliminar en nuestro país”, concluyen en la petición.