El portavoz del PP en la Cámara, Enrique Ossorio, dijo que que este instrumento “existe en muchos países de nuestro entorno (Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca) en los que hay gobiernos de diferente signo político y es una figura que tiene un perfecto encaje en nuestro modelo de garantías, ya que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión”.

Ossorio afirmó que “se trata de una realidad en un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos”.

Asimismo, indicó que la prisión permanente revisable “no constituye una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado, no renuncia a su reinserción, pues una vez cumplida la parte mínima de la misma, un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y el delito cometido y podrá revisar su situación personal”.

Además, señaló que la previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado es "idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social y aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado”.

También afirmó que si el tribunal considera que el condenado cumple los requisitos para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas a garantizar tanto la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.

Por estas razones, reclamó el apoyo a esta iniciativa “que varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados pretenden suprimir mediante una proposición de ley sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que admitió un recurso para la derogación de la prisión permanente revisable el pasado mes de julio”.

Finalmente, Ossorio declaró que "multitud los ciudadanos han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles” y añadió que el Consejo General del Poder Judicial "consideró necesario que se definiera e incluyera en el catálogo de penas para asegurar en mayor medida el respeto al principio de legalidad.