Según informó el Ayuntamiento, con esta iniciativa las nuevas OIC asumirán también las tareas que actualmente se vienen desarrollando a través de los Agentes Tutores, la asistencia en casos de violencia machista; los patrullajes programados, la recepción de denuncias dentro del protocolo de Policía Judicial y la gestión de la mediación, además de las llamadas de respuesta no inmediata.

Estas llamadas serán las que denuncien situaciones que no conllevan un peligro para personas o bienes, no pueden derivar en situaciones más graves, no afectan gravemente a la convivencia o la seguridad y tampoco constituyen un delito.

Por ejemplo, en seguridad vial recaerán en este apartado las demandas relacionadas con comportamientos reiterados y colectivos como estacionamientos sobre aceras, esquinas y zonas verdes, o las regulaciones de tráfico habituales que exijan una planificación por parte de la unidad.

En materia de seguridad ciudadana, aquellas en las que una persona esté interesada en presentar denuncia por algún hecho de los incluidos en el protocolo de Policía Judicial y se cursen sin presencia de autor.

Y, en cuestión de convivencia, las reiteradas por molestias en un vecindario, o motivadas por locales de ocio, etcétera, y que en primera instancia no presuman una afectación mayor, así como aquellas conductas incívicas que sin suponer daños permiten una planificación de cara a la resolución del problema.

Todas estas llamadas se derivarán a la OIC del distrito correspondiente, que deberá contactar con el requirente en un plazo máximo de 30 minutos. A estos efectos existirá una línea telefónica de atención de carácter exclusivo en cada una de las unidades de distrito, con el objeto de que la respuesta a la persona que ha realizado la llamada sea inmediata.

En todas estas situaciones las OIC abrirán expediente y ejecutarán por sí mismas las tareas necesarias para la solución del problema, debiendo tener, independientemente del contacto telefónico inmediato, una cita presencial con la persona demandante.

La policía comunitaria es una iniciativa que ya está implantada con éxito en Nueva York, y ha permitido que los cinco principales delitos graves (homicidios, violaciones, robos en viviendas, asaltos y hurtos) se hayan reducido de 105.453 en 2015 a 101.716 en 2016. También lo está en otras ciudades como Berlín, Amsterdam o Londres