La magistrada Ana Ferrer fijó la fecha después de que la propia senadora Barreiro pidiese declarar voluntariamente. No obstante, la Fiscalía ya había pedido que se le tomase declaración como investigada por cinco posibles delitos.

El caso de Barreiro llegó al Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevase una exposición razonada en la que apuntaba que podía haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

Según Velasco, la senadora podría haber desviado fondos públicos para contratar servicios de mejora de su imagen personal, lo mismo que se le achacaba al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez y que acabó motivando su dimisión.

Barreiro está siendo investigada por autorizar el pago de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros. Ese monto se pagó a la empresa de Alejandro de Pedro, mediante un sistema planificado por el empresario Javier de Pedro, cabecilla de la 'Púnica', y José Antonio Alonso, alcalde socialista de Cartagena hasta la llegada de la hoy senadora.

El escrito del juez sostenía que la exalcaldesa se valió de su amistad con José Antonio Alonso para contactar con Alejandro de Pedro y que la empresa de éste "le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales", así como poner en marcha un diario digital en Cartagena, un “ardid” que “permitía el pago subrepticio por el Ayuntamiento de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa".