Tras la firma de este convenio en la sede del Ministerio de Sanidad, Montoro aseguró que “este acuerdo es un mecanismo de autoregulación con Farmaindustria y estamos comprobando que es un sistema eficaz según los resultados positivos obtenidos hasta el momento. Hoy tenemos que invitar al resto de proveedores de nuestras administraciones públicas y sanitarias a formar parte de este convenio y espero que subsanemos esta ausencia pronto”.

El principal objetivo de este convenio es garantizar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por ello, este acuerdo es un instrumento de control del gasto, que permite a la Administración cumplir sus objetivos presupuestarios y sus compromisos con Bruselas. Básicamente, prevé que, en caso de que el crecimiento del gasto en medicamentos originales supere al del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, la economía del país, las compañías representadas por Farmaindustria deberán devolver la diferencia.

A este respecto, el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, afirmó que “este compromiso que firmamos por segundo año consecutivo, encuentra su expresión cuando los ciudadanos acceden en condiciones de equidad a los tratamientos que necesitan. De nada nos serviría desarrollar el mejor medicamento si no llega al paciente que lo precisa”.

Acebillo recordó que no se pueden olvidar los grandes retos del SNS, ya que hay que hacer frente al progresivo envejecimiento de la población, el incremento del peso de las enfermedades crónicas y la incorporación de la innovación que “avanza a un ritmo imparable para beneficio de los pacientes”.

En estos mismos términos se refirió la titular de Sanidad, quien señaló que “este acuerdo es una muestra más de que el Gobierno trabaja cada día, junto con la industria farmacéutica, para incorporar a la cartera pública de servicios los nuevos tratamientos que demuestren su eficiencia y garanticen la seguridad para el paciente”.

En cuanto a la sostenibilidad del SNS, Montoro añadió que “este acuerdo aporta solidez al sistema, fortaleza a las empresas del sector y ventajas sanitarias y asistenciales a las millones de personas que utilizan cada año la sanidad pública. De hecho, los recursos de la financiación autonómica deben ir a la sanidad, la educación y la protección social”.