Según esta Federación, el Gobierno “continúa con la política ya conocida de recortes y privatizaciones, expresada en el techo de gasto que impone Hacienda a las Comunidades Autónomas y que hace que los presupuestos de éstas no hayan recuperado los niveles de 2009 (350 millones de euros menos en total), a lo que hay que sumar los recortes en administraciones locales, Seguridad Social y administración central, situándose en total más de 1.000 millones de euros por debajo del de 2009”.

A esto añade “la intención declarada del Gobierno de seguir reduciendo el gasto sanitario en relación al PIB en lugar de aprovechar la mejora en la situación económica para recuperar lo recortado, y la continua postergación de un nuevo modelo de financiación autonómica”.

En un comunicado, la Fadsp destacó también el incremento del gasto farmacéutico tanto en recetas que tiene un aumento del 2,89% interanual a octubre de 2017, como el hospitalario con un crecimiento del 6,5% interanual a septiembre de 2017, disminuyendo los fondos disponibles para la atención sanitaria, “y ello a pesar de que tenemos un elevado gasto farmacéutico (18% sobre gasto sanitario frente al 15% del promedio de la OCDE)”.

“Situación que es más comprometida debido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria que le garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB, en un momento en que como se ha señalado el gasto sanitario público crece por debajo de este aumento del PIB con lo que disminuye su peso respecto al mismo. Ello supone un escenario de empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica”.

A todo esto se añaden las dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando (por motivos competenciales) las legislaciones del País Vasco y Valencia que permitían la ampliación de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados “saltándose el RDL 16/20112 que nos retrotrae a un escenario de desatención de este grupo de población”.

Por ello, “necesitamos otra política sanitaria, cuando menos una financiación suficiente, controlar el gasto farmacéutico, recuperar lo recortado y acabar con las privatizaciones. Habrá que seguir trabajando en 2018 para conseguirlo”, concluyó.