Desde el Ministerio de Hacienda recordaron que el Estado español abonó la mencionada multa el 28 de enero del 2016 a la Comisión Europea, y que un Consejo de Ministros en marzo de ese año aprobó repercutir a la Comunidad Valenciana la multa de casi 19 millones.

La Generalitat Valenciana presentó un recurso ordinario ante el Tribunal Supremo, que fue desestimado, dando la razón al Gobierno central en que era la administración autonómica la que debía de asumir el pago de la multa.

De esta manera, fuentes de Hacienda indicaron que la decisión del TJUE no tiene ningún impacto ahora en las cuentas del Estado y que está repercutida a la Generalitat Valenciana.

En su recurso a la justicia europea, España alegaba cuatro motivos, basados, respectivamente, en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a una buena administración, en la inexistencia de infracción y en el carácter desproporcionado de la multa que le impuso el Consejo.