Según informó el Consistorio madrileño, los concejales responsables de vivienda de los ayuntamientos de Madrid (José Manuel Calvo), Barcelona (Josep Maria Montaner), Cádiz (Eva Tubío), Valencia (María Oliver), Santiago de Compostela (Jorge Duarte), La Coruña (Xiao Varela), y Zaragoza (Pablo Híjar) se reunieron con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para presentarle personalmente sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021.

Su objetivo sería invertir la tendencia de reducción del gasto público en políticas de vivienda, actualmente el 0,059% del PIB: 467 millones este año, lo que supone, según los cálculos de estos ayuntamientos, una reducción de 1.000 en los últimos ocho años.

Los llamados "ayuntamientos del cambio" sostienen que el incremento presupuestario resulta imprescindible para poder aumentar el parque público de alquiler y situar así las ciudades españolas a nivel europeo. Actualmente, España sólo tiene el 2,5% de vivienda asequible (incluyendo viviendas de protección oficial pero también rentas antiguas), mientras que en Austria el 24% de la vivienda corresponde al parque público de protección, o en el Reino Unido o en Francia se sitúa en el 17%.

Otras medidas que proponen son que el Instituto de Crédito oficial disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida; que desde el Gobierno se dé apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas, o que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea.

En cuanto a la potenciación de nuevos modelos, la propuesta es establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo, y evitar la especulación con la vivienda pública de compra, impidiendo que pasen a manos privadas al cabo de los años.

Otras propuestas planteadas en las alegaciones son obligar a la Sareb y a otras entidades rescatadas con fondos públicos a incorporar inmuebles vacíos al fondo de viviendas para el alquiler, porque entienden que la voluntariedad actual es ineficaz, y priorizar en las ayudas a la rehabilitación al pequeño propietario con escasos recursos económicos por delante del gran propietario, evitando además que las mejoras repercutan en un encarecimiento del alquiler.

Los representantes de estos ayuntamientos aprovecharon también para proponer modificaciones en el marco legal y normativo que protejan a los inquilinos, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar la duración mínima de los contratos, puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducción a 3 años que se llevó a cabo en la última actualización de esta ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.