Así lo explicó este lunes en el Senado el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, quien compareció ante la Comisión conjunta de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional.

El secretario de Estado dio cuenta, a petición del PSOE, del desarrollo y ejecución de las medidas aprobadas por el Senado al amparo del artículo 155, que fueron ratificadas por esta cámara el pasado 27 de octubre.

Bermúdez de Castro indicó que el “desarrollo y ejecución” del 155 en Cataluña se está llevando a cabo “según los objetivos planteados y los requisitos” , de forma que el Ejecutivo entiende que “se ha restablecido el orden constitucional y estatutario y se trabaja para recuperar la estabilidad y el interés general”.

Entre las actuaciones realizadas o en marcha, el secretario de Estado se refirió a que se trabaja “intensamente” para prorrogar las cuentas catalanas de 2017, de forma que entre en vigor a comienzos de 2018. Con ello se busca garantizar “la continuidad de la gestión de los servicios públicos y la cobertura presupuestarios para poder atenderlos”.

“RESPETO Y PROFESIONALIDAD”

Este alto cargo añadió que “la normalidad y la colaboración” entre el Gobierno central y la Generalitat “se está reflejando en la gestión con resultados tangibles y positivos para los ciudadanos”. Resaltó que “los protocolos están fijados y funcionan diariamente con agilidad”.

Bermúdez de Castro también resaltó el “respecto y profesionalidad” de los altos responsables de la Administración que no dimitieron o fueron cesados en los días posteriores a la aprobación del artículo 155 en Cataluña.

Este representante del Gobierno central explicó las medidas que, en colaboración con la Generalitat, se han llevado a cabo para tomar decisiones como convocar una oposición de 2.000 plazas de profesores o pagar ayudas pendientes a colectivos vulnerables.

También destacó el pago de 1.500 millones a proveedores y aludió a que una de las mayores “dificultades” encontradas ha sido la “paralización administrativa” en la que se encontraba la Consejería de Justicia, con más de 26 expedientes de contratación “urgentes” que debían resolverse.