Pérez preguntó a Montserrat en el Pleno del Congreso de los Diputados por qué el Gobierno no ha aprobado el Plan contra la Pobreza Infantil al que se había comprometido con Ciudadanos y que ha solicitado la Cámara Baja a través de iniciativas parlamentarias.

Montserrat respondió que los Presupuestos Generales del Estado incluyen 100 millones de euros para reforzar las prestaciones básicas de servicios sociales, de los que 60 millones son para protección familiar y atención a la pobreza infantil. “En el Gobierno de España estamos comprometidos con la pobreza infantil y a mí me supo mal que ustedes dijeran que no a los Presupuestos de 2017”, añadió.

Pérez replicó que tanto el PP como Ciudadanos “se llenan la boca de bonitos discursos”, pero indicó que cuando se trata de políticas sociales “se tapan ustedes sus vergüenzas unos a otros” cuando en España hay cerca de 1,3 millones de niños en riesgo de pobreza.

“1.000 millones de euros para 2017 y se está acabando 2017, y usted viene aquí a presumir de que da 60 millones de euros en dos pagos, como limosna y beneficiencia a las comunidades autónomas. Ustedes no dotan las políticas sociales. Son ustedes unos socios estupendos cuando se trata de hacer otras cosas, pero no cuando se trata de dotar las políticas sociales”, apostilló.

En su intervención final, Monsterrat comentó que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2014 el primer programa de protección familiar y atención a la pobreza infantil con tres tipos de ayudas: económicas para necesidades básicas (como alimentos, ropa o vivienda), para facilitar la conciliación laboral de las famlias y a las familias para facilitar su convivencia.

La ministra indicó que el Ejecutivo ha destinado hasta ahora 101 millones a ese programa, cuando el PSOE votó en contra de los últimos Presupuestos Generales del Estado.

“No vengan aquí a hacer demagocia porque realmente luego no apoyan la pobreza infantil y no apoyan a las familias. Se estima que más de 96.000 familias y 260.000 personas han tenido acceso a esas ayudas en 2016. Hay mucha competencia transferida a las comunidades autónomas. Tiene que exigirlas, por ejemplo, a Andalucía”, concluyó.