Entre estas medidas, según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se encuentra el dar un impulso, en colaboración con las comunidades autónomas, al Plan Especial de Inspección de Seguridad Laboral, dirigido a los sectores con mayor siniestralidad, preferentemente la construcción.

S reforzará, además, la inspección en aquellas empresas con mayor siniestralidad, ya que el 3% de las compañías concentra el 40% de los accidentes. El objetivo del Gobierno es aprobar un Plan Nacional de Formación en prevención de riesgos laborales.

Habrá cambios en la normativa de prevención de riesgos laborales con el fin de reforzar el control del cumplimiento de las medidas de prevención; ajustar la tarifa de las primas de seguro obligatorio de accidentes de trabajo a la peligrosidad real de las acividades que se desarrollan; y establecer un sistema de bonificaciones y recargos de dichas primas en función del índice de siniestralidad de cada empresa.

Asimismo, se modificará la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para corregir abusos derivados de determinadas formas de organización del trabajo, como la subcontratación y el trabajo a destajo.

COMPROMISOS CLAROS

Los líderes de CCOO y UGT exigirán a Zaplana que se comprometa de "una forma clara y sin evasivas" a luchar contrala siniestralidad y recordarán al Gobierno que la mesa de prevención de riesgos laborales lleva más de un año estancada.

UGT y CCOO llevarán propuestas que coinciden con algunas de las que les presentará Zaplana, caso de la necesidad de continuar con los planes de choque sobre las empresas que tienen un mayor índice de siniestralidad, lucha contra la subcontratación o la puesta en marcha del Plan Nacional de Formación en prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos quieren, asimismo, que la Adinistración no firme contratos con empresas que hayan sido sancionadas por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la implantación definitiva de los delegados de prevención sectorial y territorial.

UGT y CCOO le pedirán a Zaplana que otorgue 30 millones de euros anuales para la continuidad de la Fundación de Riesgos Laborales, la reforma de las mutuas de accidentes de trabajo para que las centrales puedan participar en el control de su gestión y la puesta en marcha de los acuerdo ya alcanzados por la mesa, caso del relativo a la vigilancia de la salud en las empresas o a la definición de un nuevo listado de enfermedades profesionales.