Rodríguez Zapatero no mencionó expresamente el caso del asesinato de la niña Mari Luz Cortés, pero subrayó la necesidad de acometer reformas que impidan "fallos judiciales clamorosos".

Subrayó la indignación y dolor ante recientes "trágicos fallos del sistema" por hechos que nunca debieron ocurrir y ante los que "todos nos sentimos deudores con quienes los han padecido".

Para ello, se mostró convencido de la necesidad de que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, sea consciente de su mandato constitucional y evite centrarse en intereses "corporativos" o "partidistas".

Al CGPJ, afirmó, le corresponde asegurar el trabajo eficiente de los jueces y tribunales, de forma independiente y responsable, "y no convertirse en escenario de confrontaciones partidistas" que ya tienen foros legítimos, comenzando por el Parlamento.

De nada vale preguntar quién es responsable de la imagen de la justicia entre los ciudadanos, advirtió, pero todos lo serán igualmente si no se atajan los problemas "desde su raíz".

El primer paso es evitar situaciones de bloqueo institucional como el vivido la anterior legislatura. Anunció por ello que el Gobierno impulsará las reformas legales necesarias para establecer "el cese efectivo" del CGPJ cuando concluya su mandato.

Se promoverá la elección de sus vocales de forma "transparente" y atendiendo a criterios de idoneidad y capacidad, y se desarrollarán los consejos de justicia de las comunidades autónomas, de acuerdo con el principio constitucional de unidad del poder judicial, para un mejor conocimiento de los problemas en cada territorio.

Para ello se retomará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales necesarias para introducir un modelo de gestión propio de los tiempos actuales, con los medios técnicos y materiales necesarios.

Anunció también que se abordará la reforma de la Ley de Planta y Demarcación de acuerdo con las comunidades autónomas, para acometer una distribución racional de las cargas de trabajo, y se seguirá invirtiendo en un cambicioso plan de innovación tecnológica para, por ejemplo, agilizar las notificaciones y el acceso de los ciudadanos a los asuntos judiciales.

También se reforzarán los tribunales superiores de justicia y se modernizará el recurso de casación para que el Tribunal Constitucional sea el máximo órgano de unificación de doctrina y garantía de igualdad en la aplicación de la ley.

Para todo ello expresó su voluntad de contar con todos los grupos de la cámara, empezando por el mayor de la oposición, el PP, con un primer paso en la renovación del CGPJ.

Rodríguez Zapatero anunció también su intención de introducir reformas en la Administración General del Estado, modificando la Ley del Gobierno, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.