Esos son dos de los cambios en la Constitución previstos por el Gobierno, aunque el que afecta a la Corona para eliminar la primacía del varón en la sucesión ha cobrado relevancia tras el nacimiento de la primogénita de los Príncipes de Asturias, la infanta Leonor.

Los dos grandes partidos, PSOE y PP, están de acuerdo en eliminar esa primacía, pero no quieren que el referéndum necesario para ello se convierta en una consulta exclusiva que pudiera entenderse como un plebiscito sobre la Monarquía.

La única forma de evitarlo es que la consulta incluya al menos otra de las reformas constitucionales, es decir, la inclusión de la Constitución Europea, la denominación de todas las comunidades autónomas o, la que parece más probable por su envergadura, la conversión del Senado en una Cámara de representación territorial.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, expresó la felicitación de todo el Gabinete por el nacimiento de la infanta, "que afianza la sucesión en la Corona y con ella la continuidad de la Monarquía Parlamentaria".

Reiteró el compromiso del Gobierno con la igualdad entre hombres y mujeres "en todos los ámbitos y también, en su momento, en el acceso al Trono, que es un elemento esencial de nuestro sistema político".

"Por tanto, es intención del Gobierno abordar sin precipitación las reformas legales necesarias para que la infanta Leonor no tenga impedimento alguno en ser un día la reina de todos los españoles", añadió.

La vicepresidenta aseguró, después, que el presidente llevará al debate de la próxima semana los cuatro puntos en los que desea modificar la Constitución, con especial hincapié en un calendario de trabajo para la reforma del Senado. La intención del presidente es concretar su idea sobre esa reforma y tratar de que el PP se pronuncie al respecto, toda vez que en los días anteriores el líder popular, Mariano Rajoy, se ha mostrado abiertamente escéptico sobre los proyectos del Ejecutivo.

El Gobierno considera que el PP es imprescindible en la reforma constitucional y la vicepresidenta lo dejó ver lanzando dos mensajes a este partido, con el reciente debate sobre el Estatuto catalán como telón de fondo.

Ese debate que concluyó con la toma en consideración del proyecto de reforma estatutaria por parte del Congreso de los Diputados demostró, dijo Fernández de la Vega, la "normalidad democrática" en el funcionamiento institucional del Estado.

"Los ciudadanos saben que en democracia la palabra es de todos y para todos igual, salvo para aquellos que la emplean para no condenar la violencia o la sustituyen por esta. Las instituciones son maduras y sólidas, y funcionan con normalidad", subrayó.

Pero el debate sirvió también para captar "una fotografía perfecta" de las relaciones entre partidos, con un PP en "absoluta soledad" frente a la mayoría de los ciudadanos".

Ante ese escenario, el Gobierno desea que el PP recapacite y se sume a la reforma del Estatuto catalán. Para ello, reitera la "mano tendida" y garantiza que el voto del Grupo Parlamentario Socialista será "impecablemente constitucional".

El Ejecutivo no niega que uno de los principales obstáculos en la negociación de esa reforma estatutaria puede ser la financiación autonómica, ya que los nacionalistas quieren concretar en ese texto mucho más de lo que los partidos naiconales están dispuestos, en principio, a tolerar.

La vicepresidenta reiteró hoy que se sigue trabajando sobre un modelo de financiación para todas las comunidades autónomas "paralelo y al margen" de lo que pueda contener el Estatuto catalán, aunque ese contenido debe ser "coherente" con lo que afecte al resto de los territorios.

Pese a que la posición del PP ante esa reforma estatutaria y las modificaciones constitucionales marcará el debate sobre el Estado de las autonomías, el Gobierno confía en que esa cita sirva para abordar la situación real de todos los territorios.

La vicepresidenta recordó que ese debate no se celebra desde hace varios años y en todo ese tiempo las comunidades y la gestión del Gobierno central acumulan un balance suficientemente denso como para llenar los tres días de sesión en el Senado.

Cuentan con que se hable del Estatuto catalán y, por supuesto, de la reforma del Senado y de los otros tres puntos de la Constitución, pero también con que los presidentes autonómicos llevarán a esa cita de primer orden los problemas que afectan a cada una de sus comunidades.