Rodríguez Zapatero protagonizó en Madrid un acto para "rendir cuentas" por los cien primeros años de Gobierno, arropado por los ministros y de los dirigentes del partido, en el que evitó el tono festivo pero en el que reivindicó también el derecho de explicarse ante los ciudadanos.

Aseguró que desde el primer momento el Gobierno ha trabajado intensamente para afrontar "una situación bastante difícil" provocada "por el rápido deterioro de la coyuntura internacional" y a la "crisis inmobiliaria" en España, lo que ha generado "un frenazo del crecimiento".

"Hay factores internacionales que pesan de forma muy notable en la situación y en las perspectivas, pero eso no resta ni un ápice la responsabilidad del Gobierno, que se siente plenamente responsable y asume esa responsabilidad", precisó.

El objetivo, dijo a continuación, es recuperar cuanto antes la senda de crecimiento y para ello se busca "el máximo consenso" con empresarios, sindicatos y partidos, también con el PP.

Pocas horas antes de reunirse en La Moncloa con Mariano Rajoy, el presidente rechazó de plano la receta que atribuyó al líder del PP de "reducir de forma drástica el gasto público, porque ya sabemos contra quienes chocan algunos planes de choque, contra los trabajadores".

Las diferencias entre las políticas económicas y sociales de unos y de otros no son "una conjetura", subrayó, sino el recuerdo del "decretazo" del PP y el recorte de prestaciones.

Por ello, garantizó que habrá austeridad pero también solidaridad con los trabajadores, pensionistas, familias con menor capacidad, y no habrá "planes de choque antisociales y autoritarios". Sobre esa base, el Gobierno buscará el acuerdo con todos los que estén dispuestos a "arrimar el hombro".

Su mensaje volvió a ser de confianza a partir de las "potencialidades" de España, como el crecimiento de su población, los más de veinte millones de trabajadores y su cualificacion, o la renta per cápita, además de la situación saneada de las cuentas públicas, que generó superávit "precisamente para afrontar situaciones de dificultad".

Esa confianza en las potencialidades del país, sentenció, es lo que ha dado al PSOE el respaldo mayoritario de los ciudadanos y hoy la realidad es que su Gobierno es "el principal apoyo para quienes menos tienen, para la gente común, la gente que no tiene de todo".

"NO PARA ALARDEAR DE NADA"

Rodríguez Zapatero reprochó al PP que no haya esperado apenas esos cien días de Gobierno para iniciar sus críticas y, aunque aseguró que las acepta democráticamente, juzgó "excesivo" que incluso le recriminen el acto de hoy.

Quienes critican que el Gobierno rinda cuentas ante los ciudadanos quizá es que no están acostumbrados a hacerlo, respondió, tomando después la palabra para desgranar las medidas adoptadas desde la toma de posesión, "para explicar nuestros esfuerzos, no para alardear de nada", y para proclamar la confianza en el país.

Junto a inversiones en carreteras o medidas para promover la igualdad, subrayó también la detención de la cúpula de ETA y de su "comando Vizcaya", por la que felicitó a la Guardia Civil, a la Policía, a los jueces, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se llevaron los mayores aplausos de los asistentes.

Esos éxitos "son mérito de todos" y ahora el reto es que la lucha contra el terrorismo vuelva donde siempre debió estar, dijo, al acuerdo entre los partidos, algo que también espera de la reunión de mañana con Mariano Rajoy.

Desgranó también los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la unidad de España preservando su diversidad, a lo que obedece la propuesta para la financiación autonómica, cuyo objetivo es garantizar que las comunidades dispongan de los recursos necesarios para atender a las prestaciones de educación y sanidad.

En este punto, subrayó que en un estado autonómico se puede debatir sobre estos asuntos. "Lógicamente, en la primera toma de contacto todo el mundo critica, porque todo el mundo reivindica sus intereses, es la propia lógica del sistema", pero se llegará a un acuerdo que garantice la igualdad de prestaciones de los ciudadanos vivan donde vivan.

En defensa de esa misma pluralidad, preservada en la Constitución, el Gobierno ha frenado "con tranquilidad, y democráticamente", la consulta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, a la que calificó de "propaganda partidista".