Según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta oficina luchará contra la discriminación por raza, sexo o religión en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo, “en especial las retributivas”.

No obstante, la oficina se centrará sobre todo en la desigualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, el texto señala que, entre sus funciones principales, “velará por que la perspectiva de género se aplique de manera transversal e interseccional en todas las actuaciones inspectoras y respecto a la totalidad de las materias objeto de vigilancia y control”.

Para el cumplimiento de sus fines, la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación analizará, en coordinación con las comunidades autónomas, los “comportamientos y conductas” infractoras en materia de igualdad de trato, así como la no discriminación en el trabajo o en el acceso al empleo, además de proponer iniciativas para luchar “de forma eficaz” contra los mismos.

PLANES, ESTADÍSTICAS Y DENUNCIAS

A su vez, coordinará la actuación inspectora en materia de igualdad de trato, además de liderar la formulación de planes y programas de alcance general junto a los gobiernos autonómicos. También se encargará del seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados con estas iniciativas.

En paralelo, definirá los métodos de trabajo y procedimientos de investigación y comprobación inspectora en materia de igualdad de trato, y elaborará estudios y estadísticas de actuación.

Por último, apoyará a las unidades competentes en los procesos de elaboración normativa, así como en los procesos de transposición de la normativa europea a la legislación; canalizará las denuncias relacionadas con la desigualdad de trato; y participará en la formación del personal inspector y del personal de estructura en esta materia.

Al frente de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación se encontrará la persona titular de la jefatura de la misma, que será designada entre personas funcionarias del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Por el momento se desconoce quién será la persona elegida.