Según explicó el abogado de la asociación, Eudaldo Vendrell, la denuncia no va dirigida contra nadie en concreto, sino que pide que se investigue a "todas aquellas personas que hayan podido tener intervención relevante por acción uomisión en las causas que han ocasinado este accidente". El juzgado número 3 de instrucción de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Teresa Palacios, será el encargado del caso.

Vendrell denunció que se han producido numerosas irregularidades que desembocaron en la tragedia. Señaló que la primera anomalía se encuentra en la propia contratación del vuelo por parte del Ministerio de Defensa y en los deficientes controles que se produjeron después para comprobar que se cumplían las condiciones de seguriad recogidas en el contrato.

La denuncia indica también otras irregularidades como el funcionamiento defectuoso de determinadas prestaciones del propio aparato, la prolongación de la jornada de la tripulación y su estado; o las contradicciones que existen respecto a la situación meteorológica que había en el momento del accidente y la cantidad de combustible que llevaba el avión.

El letrado explicó que las anomalías que han detectado llegan hasta la propia identificacion y repatriación de los falecidos, o el funcionamiento de la comisión turca creada para la investigación del accidente. Los familiares acusan a la delegación otomana de haber actuado en las investigaciones con la falta del "rigor necesario" y de haber caído en continuas "contradicciones y filtraciones" que han ayudado a crear mayor confusión.

La representación legal de la asociación estima que solo el "auxilio" de la justicia puede hacer que Defensa aporte los documentos que obran en su poder que aclaren las responsabildiades. n este sentido, entienden que Palacios debe llamar a declarar a testigos presenciales turcos, miembros de la comisión de investigación otomana, peritos y responsables del ministerio español y de las compañías subcontratadas.

"NO PEDIMOS LIMOSNA"

El presidente de la asociación, Carlos Ripollés, hermano de un comandante fallecido en el siniestro, aseguró a los periodistas que las reuniones mantenidas con el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, tenían el objetivo de "desmorlizarles" para que abandonasen la investigación y se centrasen en las reclamaciones a las aseguradoras.

"No pedimos limosna", declaró Ripollés, para asegurar que la medida que han adoptado no va encaminada a lograr indemnizaciones. "Los herederos cobrarán lo que en justicia les corresponde", añadió el familiar antes de preguntarse: "¿Por qué les duele tanto (al Gobierno) que queramos concer la verdad?".

La denuncia presentada por los familiares de 42 de los 62 militares españoles fallecidos se amara en el artículo 11 del Código Penal relativo a la comisión por omisión de un delito con resultado de muerte y considera a los altos cargos del Ministerio de Defensa como los responsables, "dada la indudable posición de garante que éstos ostentaban".

La asociación considera "inadmisible" el encadenamiento de subcontratas que se dieron en este caso hasta llegar a la compañia ucraniana UM AIR, dueña del Yañolev-42. El Ministerio de Defensa delegó en una agencia de la OTAN, la NAMSA, que a su vez contrtó los servicios de Chapman Freeborn, y ésta a Volga & Dnieper Airlines, que finalmente fue la empresa que recurrió a UM AIR.

Una de las responsables de la asociación, Curra Ripollés, explicó que han decidido recurrir a la justicia ante la actitud del Gobierno, "que no nos ha querido apoyar en esta investigación" y se ha negado a crear una comisión parlamentaria para aclarar lo sucedido.