Por otra parte, la Xunta de Galicia se propone seguir las recomendaciones del ministro José Borrell y recoge la posibilidad de aplicar contribuciones especiales "en aquellas ocasiones en las que de la construcción de una carretera se derive un beneficio especial para terceras personas, como sería el caso del aumento del valor de determinados predios gracias a la ejecución de las obras", según explicó el consejero de Obras Públicas,José Cuiña, al defender el proyecto de Ley de Carreteras de Galicia.

Los portavoces del PSdG-PSOE y Bloque Nacionalista Galego, Carlos Baños y Francisco Trigo, coincidieron al rechazar la creación de esta empresa, ya que entienden que sólo contribuiría a incrementar los gastos corrientes, y denunciaron que serviría principalmente para hurtar al control del Parlamento importantes fondos presupuestarios.

El portavoz socialista, Carlos Baños, denunció que el consejero José Cuiña leyó hoy el mismo dicurso que la legislatura pasada, cuando el proyecto de Ley de Carreteras fue debatido, pero sin llegar a ser aprobado al disolverse el Parlamento.

También recordó que el proyecto fue aprobado por el Gobierno de Fraga en el año 90 y que después la Xunta optó por dejarlo congelado en la Cámara durante tres años.

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Trigo, dijo que el Gobierno que preside Fraga parece tener como único objetivo la promoción de "negocitos", mediante la creación de sucsivas empresas públicas en la mayoría de los departamentos de la Xunta. Dirigiéndose a José Cuiña, Trigo preguntó: "¿Qué va a hacer usted en la consejería? ¿Cortar cintas?".

El socialista Baños abundó en este mismo tema y subrayó que todas las competencias de Política Territorial y Obras Públicas -carreteras, vivienda, puertos, residuos, suelo y gestión de aguas- aparecen o aparecerán pronto gestionadas desde empresas paralelas.

La portavoz del Grupo Popular, Elisa Madarro, recomendó a Baños que onsulte con el ministro Borrell antes de oponerse de manera radical a la creación de la empresa gestora, y aseguró que ahorrar dinero y gestionar mejor serán los únicos objetivos del nuevo sistema de gestión. También matizó que la ley no crea la empresa, sino que se limita a plantear su creación en el futuro.

Las enmiendas del PSOE gallego y del BNG que reclamaban la devolución del texto al Gobierno fueron rechazadas por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara autonómica.

También fuerechazada hoy por el Parlamento gallego una enmienda socialista que defendía la devolución a la Xunta del proyecto de ley que preveía crear el Instituto Galego de Consumo.