La decisión, anunciada en rueda de prensa por el propio presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, supondrá la paralización de licencias edificatorias al menos durante seis meses.

Durante la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de 1989, Fraga ya había advertido al Ejecutivo socialista en funciones que limitara su actuación a tomar decisiones imprescindibles o de puro trámite. "No hicieron caso", señaló el presidente de la Xunta de Galicia, "y por ello revocamos aquella orden, como habíamos avisado en su día".

Manuel Fraga consideró inadmisibles las recalificaciones de terrenos introducidas en el documento, donde en algunas unidades de actuación urbanística aumentó la densidad hasta en un 3.000 por ciento y en otros casos autorizaron la recalificación de 80.000 metros cuadrados especialmente protegidos (zonas verdes), que pasaron de no tener vivienda alguna a tener 600

Fraga aseguró que su Ejecutivo decidió asumir la responsabilidad de la anulación del documento, impopular y protestado por el empresariado, para atender los recursos planteados.

"Este será", concluyó, "el punto de arranque para dotar a la ordenación urbanística de Vigo y a su tráfico inmobiliario de la necesaria estabilidad y seguridad que desde hace tiempo se viene reclamando".