Esta normativa, que reemplaza y moderniza el marco anterior, exige a los Estados miembros adoptar nuevas herramientas de control, reforzar la cooperación entre organismos nacionales e internacionales y mejorar el acceso, trazabilidad y verificación de la titularidad real de las estructuras societarias.

En su respuesta, la WCA plantea medidas "concretas, realistas y técnicamente viables que buscan fortalecer el sistema preventivo español, preservar la seguridad jurídica y garantizar una colaboración más efectiva entre entidades públicas y privadas".

La WCA propone que el Banco de España supervise la honorabilidad e integridad de altos cargos en entidades financieras, mientras que el Sepblac asuma esa función en sectores no financieros, aprovechando su especialización y experiencia en la lucha contra el blanqueo. Asimismo, aboga por implementar auditorías independientes, sistemas de detección automatizada de errores y la unificación del registro mercantil y notarial, junto con sanciones eficaces para garantizar la calidad de los datos.

La propuesta incluye el desarrollo de plataformas seguras de acceso en tiempo real a la información relevante, incluyendo a expertos externos y peritos judiciales, actores fundamentales en los procesos de cumplimiento. Además, la WCA denuncia la falta de personal, medios y capacidad sancionadora de algunas autoridades actuales, como el SEPBLAC, y reclama un refuerzo urgente de recursos para evitar que la ley se convierta en letra muerta.

La Asociación advierte del riesgo de suprimir la figura del experto externo en los procesos de revisión anual, dado que actúa como garante independiente del cumplimiento normativo y contribuye a informar a la alta dirección sobre los riesgos y mejoras necesarias. Además de las situaciones previstas por la normativa europea, la WCA propone incluir criptomonedas, transacciones inmobiliarias transfronterizas, fideicomisos internacionales y relaciones con jurisdicciones de alto riesgo. Subraya también la necesidad de encontrar un equilibrio entre la transparencia y la protección de datos, especialmente cuando existan razones legítimas o investigaciones en curso que justifiquen limitar el acceso público.

Por otra parte, propone el lanzamiento de campañas públicas de información y programas formativos conjuntos entre supervisores y profesionales, totalmente gratuitos para expertos externos, como parte de una estrategia nacional de cultura preventiva.

“La nueva directiva es una oportunidad histórica para modernizar el sistema y abordar los desafíos reales del blanqueo en España. Es imprescindible apostar por un modelo ágil, riguroso y adaptado a la realidad operativa, que combine tecnología, cooperación internacional y compromiso ético”, señaló Juan Carlos Galindo, coordinador del Comité LPBC-FT de la World Compliance Association.

Por su parte, José Luis Casero, director general de la WCA, indicó que “es vital evitar que las nuevas obligaciones regulatorias recaigan desproporcionadamente sobre las pequeñas empresas, y por eso proponemos guías simplificadas, acceso gratuito a herramientas digitales y acompañamiento técnico en la implementación del marco normativo”.

La WCA también propone la creación de grupos de trabajo estables entre sector público y privado, inspirados en modelos como el comité de participación de la Agencia Valenciana Antifraude, que permitan generar sinergias permanentes en la lucha contra el blanqueo y el fraude financiero.