Esta iniciativa recuerda que en España hay 3,3 millones de personas con un grado de discapacidad reconocido, según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Entre ellos. “una parte significativa presenta limitaciones en su movilidad, si bien esto no les impide utilizar las vías públicas nacionales”, señala la propuesta.

“Pese a los esfuerzos de las autoridades, los agentes económicos y la sociedad, en las últimas décadas, así como de la legislación nacional que busca garantizar el acceso universal a la movilidad, persisten importantes deficiencias en el transporte público y privado de accesibilidad”, remarca el documento.

Asimismo, la proposición de Vox señala que “hasta que el objetivo de un transporte plenamente accesible para todos no se convierta en una realidad en España, es incumbencia de las autoridades adoptar medidas de acción afirmativa que faciliten a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a la movilidad en toda su amplitud”.

Esta partido expone que esta demanda “ha sido reiterada por la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, la cual ha instado en múltiples ocasiones al legislador a abordar la exención del pago de peajes para los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida en sus desplazamientos”.

El partido de Santiago Abascal también comenta que esta medida podría facilitar el acceso a estas vías para las personas con discapacidad, particularmente aquellas con recursos económicos limitados que, hasta la fecha, han descartado esta opción debido a consideraciones financieras.

Por todo ello, Vox pide al Congreso que inste al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 23 de la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para incluir a los vehículos para el transporte de las personas con movilidad reducida entre los exentos de pago de peaje.

La portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, explicó en rueda de prensa que, para ello, “se tiene que modificar la ley de Carreteras, que regula las exenciones de peaje en atención a razones de interés público o utilidad social”. Esperó que el resto de partidos apoye esta iniciativa porque “no trata ninguna cuestión ideológica ni es susceptible de ser tachada de polémica”.